La futura ley de responsabilidad ambiental ahorrará 1.400 millones a las pymes

La revisión de la actual norma que prepara el Gobierno reduce el número de empresas que tendrán que contar con un 'seguro verde' frente a posibles desastres naturales que puedan ser causados por sus actividades

La nueva Ley de Responsabilidad Ambiental que pretende poner en marcha el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) en sustitución de la aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2007, ha sido alabada por miembros del Partido Popular como uno de los grandes hitos en materia medioambiental de los últimos años.

Sin embargo, la polémica alrededor de este proyecto de Ley no ha tardado en llegar por reducir el número de casos en los que las empresas se ven obligadas a aportar garantías financieras para responder de los daños que su actividad pudiera ocasionar al medio ambiente.

Según el texto del borrador hecho público por el Gobierno, un total de 5.470 empresas potencialmente contaminadoras se verían obligadas a tener que contratar lo que en 2007 se denominó genéricamente seguros verdes, es decir, a disponer de avales o fianzas con los que poder hacer frente a cualquier accidente medioambiental del que pudieran ser acusadas y declararas culpables.

Y aquí es donde aparecen las críticas, porque en virtud de la Ley vigente más de 320.000 empresas estaban obligadas a disponer de estas garantías financieras. De esta forma, el nuevo marco que quiere establecer el Magrama afectaría a un 90 por ciento menos de empresas que la norma actual. Algo que no gusta a distintos sectores de la sociedad, que no comprenden este paso atrás.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha defendido la medida asegurando que gracias a ella las pequeñas y medianas empresas, las cuales, por su dimensión, llevan aparejado un menor riesgo de provocar accidentes medioambientales de magnitud, se podrán ahorrar 1.400 millones de euros al no tener que consignar un seguro de garantía financiera.

Sin embargo, y aunque los seguros verdes contemplados en la Ley de 2007 nunca llegaron a ponerse en práctica por las sucesivas órdenes ministeriales que ampliaban los plazos de aplicación (el desarrollo del reglamento fue más lento de lo esperado), el propio Consejo de Estado, en un dictamen del 19 de diciembre de 2013, aseguraba que una exención tan generalizada debería "integrarse mejor en el anteproyecto de Ley", según recoge El País.

Para el Gobierno, no obstante, la Ley promulgada hace siete años era demasiado exigente en la transposición de la directiva europea, origen de esta norma, la cual daba libertad a los estados miembros para decidir si obligaban o no a sus empresas a tener que suscribir estos avales o seguros.

Según ha declarado a los medios, Guillermina Yanguas, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, el régimen actual no se estaba cumpliendo por lo que esta nueva ley garantizará la obligación de analizar los riesgos, establecer medidas de prevención y reparar el daño causado si lo hubiere. En otras palabras, que quien contamina, paga.

Sobre el hecho que de la nueva ley no vaya a afectar ni al 90 por ciento de empresas que si se incluían dentro de la norma vigente, Yanguas ha declarado que "no parece de recibo que actividades pequeñas, empresas familiares, que difícilmente van a poder causar daño medioambiental, tales como una panadería, un estudio de música o una pequeña empresa de jardinería tengan que establecer garantías financieras".

Aunque la Ley de 2007 afecta a todas las empresas de manera que en cualquier caso, cuando se daña un hábitat, éstas están obligadas a restituirlo a su estado básico, el análisis de riesgos ambientales y la necesidad de contar con una garantía financiera sólo es exigible para determinadas compañías, como aquellas que necesiten una Autorización Ambiental Integrada, las que fabriquen, utilicen, almacenen o envasen sustancias peligrosas, las que transporten mercancías peligrosas o las que estén especializadas en la recogida, gestión, transporte, recuperación o eliminación de residuos.

Asimismo, la Ley en vigor también exige garantías a las empresas que capten o viertan aguas sujetas a autorización y las que utilicen o transporten microorganismos modificados genéticamente.

Con todo, hay que resaltar que sólo ocho países de la UE exigen a sus empresas un seguro verde, España, Portugal, Bulgaria, Grecia, Hungría, Eslovenia, República Checa y Rumanía.

El nuevo proyecto de Ley, según Yanguas, también ha fijado en 20 millones de euros la cobertura máxima de la garantía financiera. Un límite que no desprotege al medio ambiente ya que si los daños son superiores a 20 millones de euros entraría en juego el precepto que obliga al causante a reestablecer a su estado inicial el entorno afectado, cueste lo que cueste.

Para saber si una empresa tiene o no que suscribir un aval o una fianza, primero se ha de realizar un estudio de impacto potencial y, según la Ley que ha puesto sobre la mesa el Magrama, sólo estaría obligada a contar estas garantías financieras si la reparación de esos daños potenciales se evalúe por encima de los 300.000 euros.

Por otro lado, una de las novedades que incorpora el nuevo borrador es que por primera vez también cubrirá los daños causados en el medio marino ya que hasta ahora sólo estaban contemplados los daños causados al agua dulce, a la flora y a la fauna.