Cañete quiere reducir la injerencia política en el agua

El Gobierno ha anunciado que en los próximos meses presentará un Anteproyecto de ley relativo al ciclo integral del agua de uso urbano. Hay quien dice que causará ?la rebelión de los alcaldes?.

El pasado 4 de febrero, el titular de la cartera de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Miguel Arias Cañete, anunció que en los próximos meses presentará una Ley para "regular de forma conjunta el abastecimiento, el saneamiento y la depuración del agua de uso urbano".

Sus declaraciones daban respuesta a las demandas de un sector básico -los anglosajones denominan utilities a las empresas de agua, electricidad y telecomunicaciones- que, por sus características, precisa de una regulación y de una seguridad jurídica para acometer inversiones de la que carece.

Como ocurre con las otras dos utilities, el agua es determinante para todas las actividades económicas; además tiene, por sí mismo, un mercado de 12.800 millones de euros anuales -0,65 por ciento del PIB- y mantiene 38.000 empleos directos.

Pero a diferencia de las otras dos utilities, la falta de una regulación propia de ámbito nacional le deja a expensas de las disposiciones que establezcan las administraciones locales.

Eso explica que el agua cueste el doble en Ciudad Real que en Córdoba, dos ciudades con variables hídricas similares. O que España sea el segundo país de la UE con el porcentaje de inversión en agua más bajo en relación al PIB, el 0,11 por ciento, menos de la mitad de la media comunitaria. O que sólo uno de cada tres municipios mayores de 10.000 habitantes disponga de los sistemas de depuración que exige la Ley.

Metodología de tarifas y regulador de ámbito nacional

Los datos anteriores se recogen en un reciente informe elaborado por la consultora PWC para Acciona y titulado La gestión del agua en España: análisis de la situación actual del sector y retos futuros. El documento está directamente relacionado con el cambio normativo en ciernes -recoge la visión de las asociaciones sectoriales- y, además de analizar los problemas del sector del agua, ofrece una serie de medidas y propuestas para la nueva regulación.

Las principales: el establecimiento de una metodología nacional para el cálculo de las tarifas y la creación de un ente regulador que desarrolle dicha metodología, fiscalice su cumplimiento y ejerza de mediador en la resolución de eventuales conflictos.

La creación de un órgano regulador independiente es una vieja reclamación del sector, cansado de ver cómo los municipios desvirtúan el precio real del agua incluyendo partidas que nada tienen que ver con él, como la recogida de basuras, o cómo las comunidades autónomas gravan el agua para obtener fondos que destinan a otras partidas de gasto corriente, mientras que el propio servicio del agua se mantiene en una situación deficitaria.

"Las garantías, la seguridad y el precio son determinantes", indicaba la Agrupación Sectorial del Agua en una carta enviada al Magrama el pasado mes de abril, a la que ha tenido acceso elEconomista Agua y Medio Ambiente. La Agrupación, que aglutina a las asociaciones AEAS, AEDyR, AGA, AQUA España, Asagua y ATTA -es decir, a la práctica totalidad del sector-, se acababa de fundar y trasladaba en la misiva los desafíos que, a su juicio, debe afrontar la administración y gestión del agua en España.

En el apartado de regulación, como no podía ser menos, la Agrupación reclama la creación del regulador de ámbito nacional, para "armonizar" la prestación de los servicios y tarifas, y para conseguir que se cumplan principios básicos, como el que contamina paga, o el que usa paga.

En otras palabras: el sector reclama objetividad, seguridad y predictibilidad en los ingresos generados por los servicios de agua para seducir a una inversión privada que es desconfiada y que resulta indispensable hasta para poder mantener la infraestructura existente.

Por eso es clave la metodología, que se aplicaría con independencia de la titularidad pública o privada del servicio de agua, e incluiría una detallada relación de los costes que deben cubrirse con las tarifas, en función de parámetros técnicos. En otros países ya se utilizan sistemas similares con éxito notable.

Inversiones por 15.700 millones y 6.900 empleos

El análisis de PWC concluye que introducir esa tarificación objetiva captaría una inversión de 15.700 millones de euros hasta 2021 y crearía 6.900 empleos. Además, se eliminarían deficiencias por "derroche" de agua -las pérdidas en la red de distribución se están incrementando por la falta de inversión- y se aumentaría la eficiencia del sistema hasta conseguir ahorros por un valor de 15.800 millones.

Hay quien dice que el planteamiento provoca "la rebelión de los alcaldes", desde el momento en que exige cambiar las competencias municipales y, de facto, limita su poder.

No debería ser así, si, como se aspira, se aplican criterios objetivos; incluso tendría una parte positiva para ellos, al eximirles del coste político de subir las tarifas. También, como propone PWC, podrían establecerse incentivos económicos para aquellos municipios que vayan aplicando la nueva metodología.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no ha querido comentar su posición sobre la futura Ley y sus implicaciones hasta conocer el texto de la propuesta.

En cualquier caso, los contactos entre el sector, la FEMP y el Magrama se han incrementado en los últimos meses -así lo confirma el propio Ministerio- y el propio Arias Cañete ha desvelado la creación de un grupo de trabajo que analiza las necesidades de financiación del agua. Su trabajo, una vez concluido, servirá para reformar la Ley de Aguas y conseguir "un marco económico-financiero para dotar de recursos suficientes al conjunto del sistema del agua en España".