"Las tarifas que cobran las empresas de agua son mejorables"

elEconomista entrevista al Ministro Miguel Arias Cañete para el primer número de la nueva revista Agua y Medio Ambiente.

Como a Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, le gusta decir, es 'repetidor' en el cargo. Un privilegio del que pueden presumir muy pocos políticos pero que se hace notar y mucho en la gestión del día a día. Profundo conocedor de todas las responsabilidades que lleva aparejadas su cartera, Cañete ha protagonizado durante los dos años que lleva en el cargo una carrera contra el tiempo para poner al día a España en materias como el agua o el medio ambiente. Aún queda mucho trabajo por delante, destaca, pero el ritmo es bueno.

Los expertos apuntan a que las tarifas actuales impiden que las aguas residuales se traten como es debido y que el mantenimiento del patrimonio hidráulico del país esté en peligro. ¿Ha detectado el Ministerio situaciones de este tipo?

En el ciclo urbano del agua, la recuperación se articula a través de las medidas establecidas por las autoridades autonómicas y locales competentes para la prestación del servicio. Básicamente, hablamos del canon de saneamiento y de la tarifa de usuarios por el servicio. Su regulación, al igual que la propia prestación del servicio, es heterogénea, y varía en las distintas Comunidades y municipios.

Hay casos, en los que, entre la tarifa y el canon de saneamiento, se recuperan todos los costes, con una alta calidad en la prestación del servicio. Sin embargo, en otros hay un claro margen de mejora.

En cuanto a la situación del patrimonio hidráulico, no estamos de acuerdo con que esté en peligro. Las infraestructuras que prestan los servicios en alta (presas, embalses y canales), y más allá de problemas puntuales, existe un sistema para la recuperación del 100 por cien de los costes de explotación y mantenimiento, lo que permite garantizar su perfecto estado operativo.

Respecto a las infraestructuras del ciclo urbano del agua, nos situamos en un ámbito de competencia compartido por las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Lo deseable, y por lo que estamos trabajando, es por traer una mayor armonización que aporte seguridad económica y jurídica al correcto funcionamiento de los servicios del ciclo urbano del agua.

El sector del agua lleva años pidiendo la creación de un regulador único para establecer las tarifas del agua en toda España. ¿Veremos en el corto plazo un ente de estas características? ¿Cuáles son los principales escollos a salvar en este asunto?

Uno de los principales objetivos de este Gobierno es la modernización de la gestión del agua. En este sentido, estamos analizando la posibilidad de elaborar un marco normativo que permita regular, en primer lugar, el ciclo integral del agua de uso urbano, con el objetivo de garantizar una gestión eficiente y de calidad.

Sin duda, los principales escollos a salvar pasan por buscar la fórmula adecuada para dotar al sistema de la necesaria seguridad jurídica y económica.

Para garantizar la seguridad jurídica, es necesario regular los derechos y obligaciones de los operadores. Y para proteger la seguridad económico-financiera, deberemos definir de forma expresa, clara y comprensiva, todos y cada uno de los costes que deben repercutirse a los usuarios.

A partir de 2014 el Ministerio comenzará a sentar las bases de un gran Plan Nacional del Agua. ¿Cuáles son los principales puntos que se tocarán para su elaboración y donde residen los principales obstáculos a superar?

La prioridad de este Gobierno es cerrar la aprobación de todos los planes de cuenca, lo que nos permitirá conocer la realidad y  las necesidades hídricas de cada zona.

Y cuando hayamos completado ese proceso de planificación hidrológico ?en poco más de dos años de Legislatura- abordaremos un gran Pacto Nacional del Agua que, desde el consenso, permita garantizar las demandas y proteger el medio ambiente.

Resultado de ese pacto será la propuesta de un futuro Plan Hidrológico Nacional, que contemple los acuerdos del pacto y materialice sus objetivos. Un plan que se base, por tanto, en criterios técnicos y científicos, y que requiere conocer previamente cuáles son los recursos hídricos disponibles en cada uno de los ríos españoles.

Desde luego, en este proceso, los obstáculos con los que nos podemos encontrar no son pocos, principalmente porque en este país el agua se ha utilizado, demasiado a menudo, como elemento de confrontación. Sin embargo, este Gobierno está decidido a promover el acuerdo entre las partes, para alcanzar un gran Pacto Nacional del Agua, con el apoyo solidario de todas las Comunidades Autónomas.

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¿Cuantas toneladas de derechos de emisiones de CO2 ha vendido el Estado a través de las subastas y qué beneficios se han obtenido a través de esta vía?

En lo que va de año, se han subastado 73 millones de derechos de emisión, y España ha ingresado, por esta, vía 320 millones de euros.

¿Qué perspectivas tiene España para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones fijados?

Las perspectivas, ahora, son buenas. Gracias a los esfuerzos realizados por este Gobierno, y aunque parecía difícil al inicio de la Legislatura, España va a cumplir con los compromisos asumidos para el periodo 2008-2012. Con mucho esfuerzo, como digo, pero lo vamos a cumplir.

De cara al Segundo Período de Kioto (2013-2020), hemos puesto el énfasis en reducir nuestras emisiones a nivel nacional, para no tener que llegar a 2020 limitando nuestra estrategia a comprar derechos en terceros países.  

En este sentido, estamos desarrollando diversas actuaciones, como los Proyectos Clima, con ya dos convocatorias realizadas, dirigidos a impulsar la reducción de emisiones en España; el Plan Pima Aire y el Plan Pima Aire 2: para ayudar a la renovación del parque de furgonetas e incentivar el uso de la moto y de la bicicleta eléctrica; o el Plan PIMA Sol, para la renovación de hoteles que reduzcan sus emisiones.

Y, además, el Real Decreto de Huella de Carbono, que aprobaremos en breve, y la Hoja de Ruta de Difusos, con la que marcaremos la línea costo eficiente que debemos seguir a 2020 para reducir las emisiones de CO2 de los sectores difusos (transporte, edificación, ganadería, residuos, agricultura).

En el caso de que se aumenten los objetivos de aquí a 2020, ¿España está preparada para cumplirlos?

Ya tenemos objetivos jurídicamente vinculantes a 2020: el Paquete Energía y Clima de la Unión Europea, que obliga a reducir un 20% las emisiones en el conjunto de la Unión.

Además la lucha contra el cambio climático requiere una planificación a largo plazo, y, por eso, España tiene ya la mirada puesta en el objetivo de reducción de emisiones a 2030.

Ahora mismo, a nivel europeo, estamos hablando de un objetivo de reducción del 40% a 2030, como objetivo conjunto de los 28 Estados Miembros. Habrá que ver cómo se traduce este objetivo para España, y lo que supone de esfuerzo en todos los sentidos. Eso requerirá un análisis detallado, sector por sector.