Las farmacias piden subir un 25% el mínimo de población exigido a las nuevas licencias

Los dueños de farmacias en España quieren elevar uno de los requisitos básicos para poder optar a una nueva licencia de apertura de estos establecimientos sanitarios: el baremo de población.

Concretamente, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), la patronal del sector, aboga por aumentar hasta un 25% este límite, pasando de los 2.000 habitantes actuales como criterio mínimo actual a los 2.500. El argumento esgrimido por los actuales dueños de farmacias es el esperado descenso demográfico de la población española en los próximos años.

"Según las previsiones del INE, la población española pasará de los actuales 45,9 millones en 2016 a 44,9 millones en 2020 con una pérdida de más de 1 millones de habitantes. El número de habitantes por farmacia, que actualmente se sitúa en 2.106,7 pasará a ser de 2.047,1 habitantes por farmacia en caso de que no se abrieran nuevas farmacias", asegura FEFE en un reciente informe.

"Prosiguiendo en el mismo nivel de apertura de farmacias, el número de habitantes por farmacia podría caer incluso por debajo de los 2.000 habitantes en los próximos cinco años", destaca el informe. Con estos datos, la patronal entiende que la subida propuesta del 25% en el requisito de número de población "evitaría ver aumentado el número de farmacias subvencionadas o cerradas en los próximos años".

Los dueños de farmacias aseguran que la existencia de farmacias subvencionadas no es solo un problema económico y presupuestario, "ya que las subvenciones representan cantidades ridículas que no permiten siquiera la creación de un puesto de trabajo a tiempo completo", afirman, sino que la asistencia que se puede prestar a la población "se perjudica gravemente en farmacias con existencias mínimas, y la imposibilidad material de ofrecer servicios de valor añadido en el campo de la salud pública, por más que se comprometan a ello para obtener las subvenciones", indica el citado informe.

La conclusión a la que llega este estudio -realizado por la asociación empresarial de farmacéuticos de Canarias- es que cada comunidad autónoma debe valorar el descenso previsible de su población antes de convocar nuevos concursos de apertura y modificar su propia ley para imponer un módulo superior a los actuales 2.000 habitantes, que es la cifra más habitual con las excepciones del País Vasco y Cataluña -solo para zonas de montaña- que tienen 2.500.

No obstante, la patronal entiende que estos descensos de población no se producirán de manera uniforme, ya que habrá poblaciones que incrementen su población, "por lo que en ellas serán necesarias nuevas farmacias", aseguran desde la federación.

El informe propone apostar más por los traslados que por nuevas aperturas. "Es precisa una política diferente a subvencionar farmacias promoviendo traslados y la creación de botiquines dependientes de otras farmacias pero atendidos por farmacéuticos aunque sea en horarios limitados", afirman como otra de las soluciones.