Un madrileño tiene peor acceso a un anticoagulante oral que un extremeño

Si usted vive en Madrid tendrá más difícil acceder a un tratamiento anticoagulante de última generación que el compatriota que viva en Castilla y León o Extremadura. Si vive en Baleares, las dificultades serán aún mayores. E incluso la comunidad autónoma más permisiva con estas innovaciones (Cantabria, por ejemplo) estará por debajo de los estándares europeos. Esta es la radiografía que presenta España con los aproximadamente un millón de pacientes que necesita un tratamiento anticoagulante.

El protocolo de actuación más común en España es recetar acenocumarol, popularmente conocido como Sintrom. Sin embargo, este medicamento tiene asociados una serie de problemas que la ciencia hace tiempo que ha superado poniendo en el mercado una serie de medicamentos denominados anticoagulantes orales. Uno de los principales es el del ajuste de la dosis. Si a usted le recetan Sintrom, durante unas semanas tendrá que volver a su médico para que le vaya ajustando la dosis. Además de los problemas sanitarios que pudieran derivar de una dosis inadecuada, la frecuentación al especialista también conlleva una serie de gastos que encarecen el abordaje de la patología. Con los últimos anticoagulantes —que ya llevan en el mercado al menos cinco años— estos problemas desaparecen. Eso sí, tienen un precio más elevado que el Sintrom. ¿Compensa? La respuesta es sí.

Análisis económico

Un análisis farmacoeconómico demuestra que restringir su uso es más costoso para el Estado. Es decir, el impacto que causan con su precio (más elevado que el Sintrom) se compensa con la seguridad y la calidad de vida del paciente en los años siguientes. El informe lo realizan Departamento de Cardiología del Hospital La Paz de Madrid, el Servicio de Cardiología, Hospital del Mar de Barcelona y Servicio de Cardiología, Hospital Costa del Sol de Málaga.

El tratamiento habitual tiene un precio por paciente de 242 euros. A esta cifra hay que sumar los costes de monitorización, que ascienden a 1.191, y el coste de las complicaciones, de 524. Por tanto, la inversión realizada se sitúa en los 1.957 euros. El precio de los anticoagulantes nuevos es 168 euros superior al tratamiento estándar (410 euros) pero el resto de costes asociados es inferior, sobre todo en la monitorización, que se reduce en 161 euros. Es decir, solo con este apartado, que además mejora la calidad de vida del paciente, la inversión está justificada.

Si además se le resta lo que ahorran en complicaciones, el resultado es que por cada tratamiento el sistema ahorra unos 20 euros, que si se multiplica por el casi millón de pacientes significa unas pérdidas de veinte millones. "Un escenario de prescripción menos restrictivo, con un mayor uso de los anticoagulantes orales siguiendo las recomendaciones de todas las guías de práctica clínica, se traduciría en mejores resultados de salud y un menor costo por paciente", dice el informe.

Volvamos a la inequidad que se vive entre comunidades en España. Para ello, hay que explicar cómo llega un medicamento al sistema sanitario una vez lo aprueba Europa. En España, la autoridad encargada de dar el visto bueno es la Agencia Española del Medicamento, que depende del Ministerio de Sanidad. Con los datos aportados por las farmacéuticas, una serie de expertos elaboran el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT), un trabajo sin memoria económica que se encarga de elaborar un protocolo de uso.

Es aquí donde estos anticoagulantes orales se han encontrado los primeros obstáculos. La Agencia emitió su dictamen y aseguró que los últimos anticoagulantes no deberían usarse en detrimento de Sintrom salvo casos excepcionales. "A pesar de que los tratamientos con anticoagulantes orales de acción directa hace años que están disponibles en España y que están respaldados por la comunidad de cardiólogos por su seguridad y eficacia, su acceso en España los coloca en segunda línea de tratamiento, en contra de las recomendaciones de la comunidad científica", lamentan desde Bayer, una de las compañías que comercializa estos fármacos.

La decisión de la Agencia no sólo choca con la opinión de la farmacéutica, que es parte interesada en el asunto. Las pautas marcadas por la Asociación Europea del Corazón también consideran que la decisión de la Agencia es errónea. En un documento de consenso resuelve que estos medicamentos "son más seguros en lo que respecta al riesgo hemorrágico, y constituyen la terapia de elección siempre y cuando no estén contraindicados".

Una vez superada a la Agencia Española del Medicamento, el fármaco necesita el acuerdo de precio y financiación de la Comisión Interministerial de Precios. Todos los anticoagulantes orales están bajo el abrigo público, aunque con las salvedades que definió la Agencia del Medicamento. Como peculiaridad de España, las comercializadoras de los fármacos deben pasar por las comunidades autónomas, donde algunas actúan conforme al informe de la Aemps, otras son más permisivas y otras más restrictivas. Esto es lo que dibuja un mapa nacional donde dependiendo del lugar de nacimiento el tratamiento difiere. "El IPT se aplica de forma distinta en las comunidades autónomas, incluso dentro de una misma comunidad, originándose gran variabilidad en las condiciones de prescripción", denuncian desde Boehringer, otra de las compañías que tiene estos medicamentos en el mercado.