La Justicia europea falla contra la Comisión Europea por la falta de transparencia en la compra de vacunas

La justicia europea pone en entredicho la transparencia del proceso de compra de vacunas para el Covid en las primeras etapas de la pandemia. El Tribunal General de la Unión Europea ha fallado este miércoles en contra de la Comisión Europea y anula la decisión del Ejecutivo comunitario de limitar el acceso a la información sobre las condiciones de los contratos de adquisición de vacunas con las grandes farmacéuticas.

El Tribunal con sede en Luxemburgo ha dictaminado que Bruselas no ha dado acceso suficiente a los contratos de vacunas y considera que hay irregularidades en ciertos puntos en los que no se explica la falta de documentos, y acceso a los mismos, a los eurodiputados que los habían reclamado.

Bruselas argumentó que dotar de un amplio acceso a las cláusulas de los contratos hubiera perjudicado a los intereses comerciales de las empresas implicadas. Sin embargo, la justicia europea considera que la Comisión Europea no ha logrado demostrar tales perjuicios.

La sentencia, contra la que cabe recurso, llega en un momento clave para determinar el futuro de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. La alemana se enfrenta mañana al voto en la nueva Eurocámara, que arranca esta semana su décima legislatura, para respaldar su aspiración a revalidar en el cargo. Requiere para ello el respaldo de 361 de los 720 eurodiputados y la sentencia podría descarriar su futuro en la política comunitaria.

Fue en 2021, pasada la peor parte del Covid, que varios eurodiputados y particulares pidieron a la Comisión Europea información sobre los contratos de vacunas firmados en las primeras etapas de la pandemia. La idea era entender las condiciones de los contratos de compra de más de 1.000 millones de dosis de vacunas por valor de 2.700 millones de euros. La que fue la primera compra conjunta a nivel comunitario benefició, principalmente, a la farmacéutica alemana Pfizer.

En este momento, la Comisión Europea solo dio acceso parcial a ciertos contratos. El motivo que esgrimía tras este argumento era que había sido redactado para proteger asuntos de confidencialidad. Y fue por ello que los eurodiputados elevaron el caso a la justicia europea, que considera que el Ejecutivo comunitario no ha demostrado que "un mayor acceso a estas cláusulas fuera a perjudicar los intereses comerciales de estas empresas".

Bruselas no ha tardado en reaccionar a la sentencia del Tribunal General de la UE. Asegura que estudiará la sentencia de este miércoles y subraya que el dictamen reconoce el derecho de proteger los contratos en lo que se refiere a la ubicación de la producción, los derechos de propiedad intelectual, las disposiciones sobre anticipos o pagos y el acceso a los plazos de entrega.

"En esta fase, la Comisión se reserva sus opciones jurídicas", ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado. "En general, la Comisión concede el mayor acceso posible del público a los documentos, en consonancia con los principios de apertura y transparencia", apunta.

Sin embargo, "en estos casos, la Comisión tuvo que encontrar un difícil equilibrio entre el derecho del público, incluidos los diputados al Parlamento Europeo, a la información, y los requisitos legales derivados de los propios contratos COVID-19, que podrían dar lugar a reclamaciones por daños y perjuicios a costa del dinero de los contribuyentes".