El tope a las ayudas de la PAC resta 6 millones de euros a los grandes perceptores

La limitación de las subvenciones a 200.000 euros afecta a 56 beneficiarios, en su gran mayoría de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Asaja y Coag creen que es una medida efectista

El capping era una de las medidas estrella establecidas en el Plan Estratégico enviado por España a Bruselas tras la entrada en vigor del nuevo modelo de la Política Agraria Común. Su objetivo era lograr una mayor redistribución de las ayudas de manera que se reducirían las subvenciones a los mayores perceptores para favorecer a las pequeñas y medianas explotaciones.

Así se establecían dos medidas: la primera era la fijación de un tope de 100.000 euros en la llamada ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. La otra fue la reducción progresiva (degresividad) de la ayuda complementaria a la renta redistributiva, de manera que se establecen minoración del 25% para los perceptores que cobrasen entre 60.000 y 75.000 euros por la ayuda básica, el 50% para el tramo comprendido entre 75.000 y 90.000 euros; el 85% para el tramo entre 90.000 y 100.000 euros y el 100% para los importes que superasen los 100.000 euros. No obstante, para calcular esos tramos se pueden descontar los costes salariales y/o de contratación de empresas de servicios agrícolas. En cualquier caso, ningún perceptor podía cobrar más de 200.000 euros sumando ambas subvenciones.

En el caso de las cooperativas, las sociedades agrarias de transformación y las explotaciones de titularidad compartida, el cálculo de los topes se calcula y aplica individualmente a cada uno de sus miembros. La limitación no afectaba a los llamados ecorregímenes, vinculados al establecimiento de medidas beneficiosas para el medio ambiente y que ocupan un 23% de los 4más de 4.000 millones que recibe anualmente España en ayudas directas.

El primer análisis realizado por el Fondo de Garantía Agraria (Fega), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, revela que el tope máximo de 200.000 euros ha afectado en la primera campaña de aplicación (2022-2023) a un total de 56 beneficiarios, que dejarán de recibir 6,4 millones de euros, cantidad que se destinará a incrementar la partida de la ayuda redistributiva.

El 95% de los fondos

Andalucía ha sido la Comunidad Autónoma con más beneficiarios afectados (32) que han dejado de percibir 4,5 millones de euros, seguida de Extremadura (10), con una minoración 782.000 euros, y Castilla-Mancha, 8 perceptores con una reducción de 776.000 euros (ver gráfico en página 6). Estas tres regiones aglutinan el 89,2% de los perceptores afectados y el 95% de los fondos reducidos.

El coordinador de la PAC/PEPAC, Desarrollo Rural, Medioambiente y Agua de Asaja, Ignacio López García-Asenjo, asegura que el capping es una medida "más política que real porque los 6 millones apenas añaden nada a los 480 millones de la ayuda redistributiva. En España hay lo que hay y además habrá comunidades de bienes que se pueden haber dividido para evitar la minoración sin que eso signifique que se hayan creado condiciones artificiales".

Ignacio López recuerda que tras el Diálogo Estratégico sobre Agricultura que se ha puesto en marcha en Bruselas "parece que se quiere generalizar el pago redistributivo y el capping porque hasta ahora era voluntario y hay Estados Miembros que no lo han aplicado o si lo han hecho no han puesto el tope".

El representante de Asaja asegura que "nosotros siempre hemos pensado que es una medida ideológica que puede afectar a la viabilidad de las explotaciones y puede generar efectos indeseados tanto en el empleo como en la inversión. Si a un señor que tiene unos niveles altos de la PAC se lo recortas la primera decisión que toma es prescindir de algún trabajador para mantener la misma rentabilidad o retrasar un año de inversión". Además, en tanto en cuanto es optativo entre los Estados Miembros "genera distorsiones y a nivel interno te puede generar pérdida de competitividad o de empleo ".

Asaja considera que el 'capping' puede generar efectos indeseados en el empleo y la competitividad

José Luis Miguel, director técnico de COAG asegura que desde su organización agraria "hemos apoyado la modulación, degresividad, capping o como los quieras llamar, pero esto da de sí lo que da de sí. ¿Por qué hay solo 56? Pues entiendo que se han producido movimientos en vista de que la normativa se iba a aprobar y se habrán subdividido en muchos casos. Es lógico que haya podido pasar porque estamos en un número muy reducido".

"Al final ves que el capping tiene un impacto real pequeño, pero a los políticos les viene bien para afianzar su discurso. Económicamente es irrelevante: si recibimos 5.600 millones de la PAC y a estos grandes perceptores apenas les quitan seis...", añade.

Redistribución mal distribuida

Miguel confía en que "a lo mejor tiene más impacto la degresividad en la ayuda redistributiva que el capping aunque ahí no tenemos datos. De todas formas siempre estamos hablando de cifras relativamente pequeñas". Una formulación de la degresividad "que tiene narices" y sobre la que COAG ha protestado.

"Se favorece a los pequeños pero éste puede ser un notario que tiene 30 hectáreas en Burgos. Le mejoras a ése y al profesional que labra 500 hectáreas, que no son suyas porque son arrendadas, le fastidias vivo. Es una redistribución mal distribuida", añade.

Sobre la ayuda redistributiva, el FEGA estima que en la campaña 2023 se aplicaron sobre algo más de 11 millones de hectáreas, de las cuales 3 millones percibirán la ayuda del primer umbral (20% del valor medio regional de la ayuda básica), y 8 millones de hectáreas la ayuda del segundo umbral (40% del valor medio regional de ABRS).

"Se confirma por tanto que el establecimiento del pago redistributivo beneficia más a las explotaciones de mediana y pequeña dimensión, que son quienes más la requieren, frente a las grandes explotaciones que por sus economías de escala presentan una menor dependencia de las ayudas. Conforme a las estimaciones realizadas, el 59 % de los beneficiarios verá aumentado el importe de la ayuda básica a la renta que hubiera recibido de no aplicarse el pago redistributivo, un 31 % recibirá aproximadamente el mismo pago y sólo un 9 % percibirá un pago inferior, particularmente beneficiarios que perciben más de 30.000 euros".

Menos solicitudes de jóvenes

Otro de los aspectos que destaca en el informe del Fega es la disminución de las solicitudes de pago complementario a jóvenes agricultores cayó en 2023 pese a que el montante de estas subvenciones fijadas en el PEPAC se han duplicado. En concreto, el número de solicitudes fue 22.750, un 5% menos que las registradas un año antes.

La bajada es mayor en el caso de personas físicas de género masculino (-7%), y se incrementa, aunque muy ligeramente, el número de solicitudes de personas físicas de género femenino (+2%), con un 15% más de ayudas.