Torra desafía a la Junta Electoral y mantiene los lazos amarillos y esteladas en los edificios de la Generalitat

El presidente catalán, Quim Torra, ha enviado este miércoles a la Junta Electoral Central (JEC) un escrito en el que alega la "dificultad legal de cumplir" el requerimiento de retirar banderas esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat y le pide que "reconsidere" su decisión.

El escrito ha sido enviado poco antes de que venciera el plazo máximo de 48 horas dado por la JEC al presidente de la Generalitat para que ordenase la retirada de las esteladas y lazos amarillos, a raíz de una denuncia presentada por Ciudadanos.

En la fachada del Palau de la Generalitat sigue colgando, de hecho, la pancarta con el lema "Libertad presos políticos y exiliados", en catalán e inglés, junto a un lazo amarillo. Desde Twitter, Torra ha denunciado que el requerimiento de la JEC es "un nuevo intento de censura de la libertad de expresión por parte del Estado español".

En su recurso, el presidente catalán busca rebatir la "afirmación de esta JEC de que la bandera estelada es un símbolo partidista utilizado por formaciones políticas concurrentes a las elecciones y que su utilización es contraria a la neutralidad política", informa EFE.

Además, esgrime "la dificultad legal de cumplir el requerimiento en sus justos términos", ya que la JEC reclamaba ordenar la "inmediata retirada de las banderas esteladas y lazos amarillos" de cualquier edificio público de la Generalitat.

Torra argumenta que "existen multitud de edificios públicos en todo el territorio de Cataluña" que o bien "no son propiedad" de la Generalitat o bien "no los gestiona directamente". De la misma manera, recalca que en sus funciones como president tiene el "deber de respetar el derecho fundamental a la libertad de expresión reconocida a los empleados públicos".

Torra recuerda que el Parlament, en 2014, aprobó una resolución que reconocía la estelada como "símbolo que representa un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta", sin que "ninguna institución del Estado" lo cuestionara.

Por ello, "el carácter de símbolo partidista" que la JEC atribuye a la estelada "contraviene la resolución del Parlament y supone una interpretación subjetiva que no se corresponde ni con la realidad ni con la voluntad popular expresada" por los diputados.

En cuanto a los lazos, hace constar la "contradicción que supone la prohibición de la exhibición de estos símbolos en edificios de la Generalitat" invocando la "neutralidad política". "Desde hace ya más de un año, formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del próximo 28 de abril han realizado campañas públicas para fomentar e incentivar la retirada de estos símbolos de espacios públicos", subraya.

Largo camino de denuncias y recursos

Fuentes de la Junta Electoral Central admiten que este procedimiento abrirá un largo camino de denuncias, alegaciones y recursos que se irán resolviendo caso por caso en la instancia donde corresponda, sea provincial o estatal, y sea por la vía administrativa o por la judicial.

De entrada, el primer señalado es el president Torra, que aparece citado expresamente en la resolución de la JEC porque fue él quien presentó las alegaciones de la Generalitat ante la denuncia inicial de Ciudadanos, en lugar de delegar en la Consejería de Presidencia, que es donde la Junta Electoral había remitido el escrito.

Una vez acabado el ultimátum de 48 horas, tanto el partido denunciante, Ciudadanos, como las juntas electorales provinciales, a quienes la JEC remitió su resolución, podrán hacer un seguimiento y denunciar los incumplimientos en cada edificio.

Las juntas provinciales podrán abrir después un expediente, dando a la Generalitat la oportunidad de presentar alegaciones, y finalmente podrá concluir con una sanción que, según el artículo 153.1 de la LOREG, va de 300 a 3.000 euros en el caso de mandatarios públicos.

Si hay desobediencia, actúa la Fiscalía

Y, además de esta sanción administrativa por infracción electoral, una junta electoral puede acordar también la remisión del expediente a la Fiscalía al entender que se ha producido un delito de desobediencia.

Por un hecho similar, la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera 'estelada' colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.

En la resolución de la JEC se recuerda que, tanto el lazo amarillo por los presos del proceso independentista, como la bandera 'estelada' de los independentistas "son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones".

Aviso desde el Gobierno

Menos 24 horas después de que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, máximo acicate del independentismo del Gobierno, advirtiese al Govern de que el Estado cuenta con sus propios "instrumentos" para retirar estos símbolos, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha pronunciado en similares términos.

"Se quitarán los lazos amarillos" de las instituciones catalanas tal como ha determinado la Junta Electoral Central, a fin de mantener la "rigurosa neutralidad política" de cara a los próximos comicios, ha enfatizado Delgado a la par que, recoge Europa Press, ha subrayado que el organismo "ha sido claro" y, aunque "se pueden presentar recursos", la ley "es igual para todos", ha sostenido durante una visita a Segovia.

En cuanto a la posible negativa de la Generalitat -ya consumada- a retirar los lazos amarillos, la ministra ha avisado que "se quitarán los lazos porque tiene que ser así" y, de no acatarlo, "se le impondrá una sanción".