La Fiscalía pide casi tres años de cárcel para los miembros de la Sindicatura Electoral del referéndum del 1-O

La Fiscalía de la Audiencia de Barcelona ha pedido dos años de cárcel para los miembros de la Sindicatura Electoral del referéndum del 1 de octubre de 2017 por presunta usurpación de funciones y nueve meses más por supuesta desobediencia, según el escrito de acusación que ha hecho llegar este jueves a los investigados.

El documento acusa a Marc Marsal, Jordi Matas, Tània Verge, Marta Alsina y Josep Pagès de "inquebrantable voluntad de ignorar los acuerdos y los requerimientos efectuados por el Tribunal Constitucional" y de constituir la Sindicatura Electoral y emitir resoluciones.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal no contempla para los investigados ningún delito de malversación, como se había apuntado en un primer momento.

El texto de la acusación también recuerda que el TC impuso una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a todos ellos pero que no los llegaron a abonar puesto que renunciaron a su cargo en la Sindicatura y dejaban sin efecto sus decisiones sobre el 1-O.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha hecho eco de la noticia en Twitter y ha mostrado su apoyo a los miembros de la Sindicatura: "Gracias por vuestro trabajo. Con vosotros, nos juzgan a todos. Estamos a vuestro lado. No aceptaremos ninguna sentencia que no sea la absolución. Abrazos", ha publicado.

El Supremo sentará en el banquillo a 18 líderes del procés

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha dictado este jueves dos autos por los que confirma el cierre de la instrucción por el proceso soberanista en Cataluña que realizó el juez Pablo Llarena y sienta en el banquillo de los acusados a 18 líderes independentistas procesados por el delito de rebelión y malversación de caudales públicos, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsejeros en prisión o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Ahora se abre un periodo de cinco días para que el Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado presenten sus escritos de acusación.

Éste es el pistoletazo de salida del juicio que comenzará en los próximos meses y en el que siete magistrados de la Sala de lo Penal juzgarán a los procesados por rebelión y malversación que se encuentran en prisión provisional que son el exvicepresidente Junqueras; el expresidente de la Asociación Nacional Catalana Jordi Sànchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; los exconsejeros Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull; y la expresidenta de la cámara parlamentaria catalana Carme Forcadell (esta última solo imputada formalmente por el primero de los delitos).

En cuanto a los delitos de los que se les acusa cabe destacar la polémica por la rebelión y el debate sobre si hubo la violencia que requiere el Código Penal o no. Justo ayer se vivía el último episodio en ese sentido al recordar Pedro Sánchez, en un nuevo guiño a los independentistas, que el exminsitro de Defensa, Federico Trillo, aseguró en 1994 que el delito de rebelión sólo lo podían cometer militares o civiles armados que siguieran órdenes de militares. La postura de la Abogacía tampoco parece tener claro que hubiera rebelión pero sí podría plantearse añadir al delito de malversación que siempre ha acusado el de sedición, que está un nivel por debajo del de rebelión.