Cifuentes encabeza la oposición a las tasas y leyes que restrinjan las visitas

El PP se mueve, por ahora, en arenas movedizas en el terreno de la regulación turística. Mientras algunas autonomías gobernadas por este partido han dado pasos en la dirección de poner orden en el sector a través de leyes a los alquileres turísticos, como sucede con Galicia, otras rechazan de plano a aprobar normas o tasas que puedan provocar un descenso en el número de visitantes. Y en ese segundo bloque se sitúa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien ayer se mostró "en contra de cualquier medida" que pueda restringir el turismo.

La declaración de Cifuentes no es casual. La capital madrileña está gobernada por una fuerza política en las antípodas, Ahora Madrid, que planea aprobar cuanto antes una regulación específica para propietarios y webs de pisos dedicados a uso vacacional, como ya han hecho Canarias -enfrentada ahora a la justicia- o las Islas Baleares -con inusitada dureza-.

"Rechazamos medidas que restrinjan el turismo como la de Baleares. Somos contrarios a la imposición de tasas turísticas, porque queremos turistas. Aquí los turistas son bienvenidos y bien tratados", afirmó la presidenta madrileña, recordando que la actividad turística supone, a día de hoy, el 7 por ciento del PIB de toda la Comunidad.

En términos parecidos a los de Cifuentes se están pronunciando otros cuadros medios del PP a nivel, sobre todo, local. Los populares baleares han puesto el grito en el cielo por la entrada en vigor de la nueva ley del alquiler turístico, que multará con hasta 400.000 euros a inmobiliarias, intermediarios o plataformas digitales que publiciten el alquiler de pisos a turistas.

También el PP de Sevilla y de Santiago de Compostela han amenazado con alzar la voz si estos ayuntamientos, ambos en manos del PSOE, deciden implantar una tasa turística que gradúe el número de visitantes.

El resto del partido se limita a condenar los ataques de radicales, a pedir explícitamente que se cuide a una actividad responsable del 13 por ciento del PIB en el país y a criticar -por radical- la nueva ley balear. Pero no se atreve a ir más allá, teniendo en cuenta que el debate regulatorio afecta a toda España y a lugares en los que no son solo oposición, sino también Gobierno.

El PSOE, también sin unidad

Pero el PP no es el único que, por ahora, no adopta una posición común. Mientras el Gobierno balear encabezado por Francina Armengol publica la ley que también puede sancionar a propietarios de pisos con multas de hasta 40.000 euros, el Consell de la Generalitat Valenciana, en manos de Ximo Puig, se muestra mucho más tímido.

Puig, que ya multó en su día a Airbnb y otras plataformas por la promoción de alquileres vacaciones, prefiere por ahora no aprobar una regulación específica y descarta, además, aprobar una tasa turística que grave las visitas.

El PSOE, a nivel federal, guarda silencio y se limita a condenar las acciones de los radicales a causa de la turismofobia.