Despliegue de promesas sanitarias sin una memoria económica que las avale

El PSOE y Unidas Podemos han presentado una serie de medidas en el plano sanitario que dispararán el gasto. Además, gran parte de la inversión tendrá que llegar de la propia caja de las comunidades autónomas al estar las competencias transferidas.

Uno de los males de la política sanitaria es la inercia que existe para publicar planes sin memoria económica. Los planes de Gobierno anunciados por el PSOE y Unidas Podemos no han sido la excepción y su consecuencia pude ser de fracaso en su consecución, sobre todo porque las cotas presupuestarias que precisan son muy altas. Una de las primeras medidas es la eliminación paulatina del copago farmacéutico, comenzando por "los pensionistas y hogares en situación de vulnerabilidad". No son pocos los estudios que desde 2012 han enunciado que la eliminación de estos copagos, en todo caso, deberían acometerse por nivel de renta y no por la situación laboral del ciudadano (jubilado o en activo).

Sumada a esta merma en los ingresos habría que sumar el incremento que supondrá la cobertura de la salud bucodental, segundo de los puntos anunciados por el futuro Gobierno. El anuncio llega sin ningún tipo de cortapisa de edad, por lo que es de suponer que la promesa del nuevo Ejecutivo abarcará a toda la población. También habría que sumar la renovación de la tecnología sanitaria, cifrada por Fenin (patronal de este sector) en unos 1.600 millones de euros para los próximos cuatro años.

Pero la suma en la calculadora de gastos no acaba ahí. También a corto plazo el Gobierno se marca como prioridad acabar con el déficit de profesionales. Las dos vías para acometer este reto es mediante la homologación de títulos extracomunitarios y mediante la ampliación de las Ofertas de Empleo Público. Ambas, en definitiva, ampliarán la cantidad de médicos que cobran un sueldo público como funcionarios que son.

La mayoría de estas medidas son fáciles de anunciar desde el Gobierno central porque las competencias están en manos de las comunidades autónomas y ellas serán las que tengan que acometer el gasto. Para solventar este problema, el Gobierno tiene la misma solución: aumentar el gasto hasta una inversión del 7 por ciento del PIB (actualmente está en el 5,9) y aumentar el Fondo de Cohesión, que sirve para paliar las inequidades entre comunidades. Este fondo, en la actualidad, no llega a los 4 millones de euros y la promesa del PSOE (aunque no lo dice el acuerdo de Gobierno) es incrementarlo hasta los 100 millones.

Por último, el acuerdo de Gobierno recoge una iniciativa que ya fue descartada por la Secretaría General de Sanidad de Unidas Podemos: modificar la Ley 15/1997 para dificultar la participación de agentes privados en la gestión sanitaria.... Es llamativo que vuelvan a intentar borrar del mapa la única posible fuente de ingreso sanitario.