El Ayuntamiento de Valdemoro pagó un 2% del contrato de Cofely al socio de Granados

El Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) destinó el 2% de un contrato de 60,8 millones de euros adjudicado en diciembre de 2013 a la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, a la confección de un estudio de consultoría que encomendó a una de las sociedades del presunto 'cerebro' de la trama Púnica, David Marjaliza, que era socio del ex secretario general del Partido Popular madrileño Francisco Granados.

Así consta en el sumario del caso 'Púnica', en el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lo califica como una "indiciaria distracción de caudales públicos" a través de la articulación de un "flujo de fondos" desde el consistorio a Ruta Energética S.L., "sociedad instrumental de la trama societaria de Marjaliza".

El magistrado desgrana las "prácticas irregulares" en materia de contratación que se desarrollaron desde junio de 2011 cuando el imputado José Carlos Boza Lechuga (PP) llegó a la alcaldía y durante las etapas anteriores.

"Los indicios apuntan no a malas praxis administrativas, sino a comportamientos de corrupción por favorecer el clientelismo de un determinado grupo empresarial local a quien se le prestaba un trato preferencial, gestionando a su dictado los expedientes de su interés y removiendo los obstáculos burocráticos en los distintos departamentos del Ayuntamiento", expone.

Contratos investigados

En relación con el contrato de eficiencia energética adjudicado a Cofely por valor de 60.839.705 euros, el magistrado desgrana que se destina un "2% (81.119 euros) de su importe anual (4.055.980 euros) a la confección de un estudio de consultoría" a Ruta Energética. "Presuntamente, los informes eran realizados por la propia Cofely, quien subcontrataba a otra empresa de obras y reformas de la misma trama de Marjaliza para realizar los reformados que se presentaban para su cobro al Ayuntamiento".

El magistrado analiza también los contratos de las fiestas patronales que el Ayuntamiento concertó con la empresa Waiter Music desde 2011 hasta 2014, cuando estalló la operación, por cerca de un millón de euros; así como la concesión administrativa para la recogida de ropa usada de agosto de 2014, en la que sospecha que se dio información sobre el pliego a la red y "hubo conversaciones para ofrecer un premio o precio si se aseguraba su adjudicación a favor de la trama investigada".

"De forma significativa la adjudicación del contrato de Cofely se gestó con la participación de la compañía multinacional, en la propia redacción de los pliegos y en la valoración de la oferta", analiza el juez, para añadir que "se planificó de futuro la simulación y falsificación de los informes de consultoría, cuya facturación encubría un flujo de fondos que a cargo del Ayuntamiento se distribuirían entre los conseguidores de la trama".

Por todo ello, Velasco concluye que el comportamiento del que fuera alcalde Boza Lechuga satisfacen su descripción como partícipe de una trama de corrupción liderada por los ediles municipales de ese Ayuntamiento de Valdemoro y un grupo de empresarios locales que han incurrido indiciariamente en delitos de cohecho, malversación de caudales, falsificación, revelación de secretos, fraudes y exacciones ilegales, prevaricación, blanqueo y organización criminal.

En el 'caso Púnica' se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".

El suegro de Granados niega todo

El suegro del exsecretario general del PP de Madrid y uno de los presuntos cabecillas de la trama de corrupción 'Púnica', Francisco Granados, aseguró ante el juez que no veía capaz a su hija y su yerno de esconderle en casa el maletín con casi un millón de euros que la Guardia Civil le encontró, porque no creía que fueran "tan retorcidos".

El suegro de Granados declaró ante el juez el pasado diciembre sobre el maletín encontrado en un altillo de su casa en Valdemoro, en concreto, en su dormitorio. El hombre aseguró no poder explicar la aparición, porque la primera vez que vio esa valija fue cuando la encontró la Guardia Civil.

El suegro de Granados explicó que por su habitación pasaba "tal cantidad de gente" que cualquier pudo dejarlo allí y citó a fontaneros y a operarios de Ikea, que le habían colocado un armario, según la declaración que forma parte del sumario del 'caso Púnica'.

El juez le preguntó si Francisco Granados o su hija le pidieron que custodiara ese millón de euros hasta que su situación se aclarase, si pudieron dejarlo allí, pero el hombre insistió en que no podía responder porque la primera vez que vio el maletín fue cuando los agentes lo encontraron.

"No pienso que mi yerno ni mi hija sean capaces de hacerme una faena. Le juro que la primera vez que vi el bolso fue esa", dijo, e insistió: "No creo que tengan tan mal gusto de meternos en un lío".

Problemas para llegar a fin de mes

También negó que el dinero procediera de sus propios ahorros, porque confesó que nunca llega a fin de mes con una pensión de jubilación de 2.000 euros. De hecho, su situación hubiera sido otra "de haber sabido que había dinero" en su casa, agregó ante el juez.

Días después del hallazgo, y según declaró, el suegro de Granados no preguntó a sus hijos si aquel maletín pertenecía a alguno de ellos, a pesar de que con todos habló sobre lo ocurrido. "No me han dicho nada", aseguró.

Siete años 'gratis' en Marbella

También se ha conocido hoy que Granados únicamente pagó una cuota de alquiler -de 3.000 euros en agosto 2007- de los 7 años de los que disfrutó junto a su mujer María Nieves Alarcón de un chalet situado en la urbanización "El Arenal de Marbella", en Málaga, del que era propietaria una sociedad de su socio el empresario David Marjaliza.

Así se señala en un informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado mes de enero, incluido en el sumario, que analiza las operaciones de adquisición y el uso de determinados inmuebles y vehículos de los que el matrimonio del exalcalde de Valdemoro (Madrid) se podría haber beneficiado como contraprestación por beneficiar a empresarios afines.

El informe señala que la investigación se inició tras el "afloramiento patrimonial" del matrimonio Granados en Suiza, que permitió estudia las operaciones inmobiliarias en las que él o su esposa habían tomado parte en relación con Marjaliza y el también exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno Torres.

Se trataba de la compra de sendos chalets en la promoción de "El Arenal de Marbella" mediante unas operaciones que según la Guardia Civil "apuntaban una posible contraprestación del empresario" David Marjaliza hacia ambos exalcaldes.

Así, entre la documentación intervenida se localiza una factura de la sociedad Servicios Logísticos Inmobiliarios dirigida a Granados por importe de 3.000 ? y con concepto "Factura por el alquiler de la vivienda unifamiliar número 55 sita en el Residencial "El Arenal" de Marbella correspondiente al mes de Agosto.