Cifuentes creará un documento específico para la atención de inmigrantes sin papeles

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado este viernes que en los próximos meses se creará un documento específico para que los inmigrantes sin papeles puedan recibir atención primaria y especializada, además de la atención en servicios de Urgencias que reciben actualmente, pero se ha opuesto a devolver la tarjeta sanitaria porque tiene "connotaciones y problemas que incluso trascienden lo que es España".

Con este gesto, la presidenta de la Comunidad de Madrid adopta una medida 'salomónica' para conectar con la sociedad y la demanda de una sanidad universal a la vez que no contrapone las órdenes del Gobierno.

En su visita a una carpa del 112 en Torrejón de Ardoz, Cifuentes ha hecho hincapié en que el Ejecutivo tiene "la obligación moral de atender médicamente a cualquier persona, con independencia de que tenga papeles o no los tenga". "No hablamos de inmigrantes, hablamos de personas, que tienen que ser tratadas como tales y tienen que recibir una atención sanitaria", ha subrayado.

Sin embargo, la presidenta regional ha solicitado que la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles sea uniforme en todas las comunidades autónomas, por lo que ha pedido que se alcance una decisión al respecto en el Consejo Interterritorial. El Gobierno avisó que podría conllevar a multas millonarias.

La acrobacia de Cifuentes

Mientras tanto, Cifuentes ha anunciado la creación en los próximos meses de un documento diferente a la tarjeta sanitaria, que "no suponga otro tipo de obligaciones económicas en ningún otro país", si bien ha resaltado que actualmente "no se deja de atender a nadie" pese a carecer de papeles.

Así, la presidenta regional ha explicado que la tarjeta sanitaria supone que el portador pueda demandar atención sanitaria fuera de España, lo que obliga al país a "contraer determinadas obligaciones económicas con el país donde recibe la prestación".

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtió este jueves a las comunidades autónomas que han devuelto la atención sanitaria a todos los inmigrantes en situación irregular que las normas impulsadas para ello podrían conllevar multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos comunitarios.

Las autonomías rebeldes

Tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, los nuevos gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria han anunciado diferentes regulaciones para devolver a este colectivo el derecho a la tarjeta sanitaria que habían perdido en 2012 tras la reforma impulsada por la entonces ministra del ramo, Ana Mato. 

La vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha indicado que la atención sanitaria es "una cuestión de derechos humanos", pero también "de control de las epidemias". Así, ha esgrimido al Ministerio de Sanidad que no atender a los inmigrantes en situación irregular, como estipula el Gobierno, supone "un riesgo para toda la población".

Ante la rebelión, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso,  José Antonio Bermúdez de Castro, han recordado a estos gobiernos autonómicos que la devolución de la tarjeta sanitaria "no es competencia de las CCAA, sino estatal".