La Abogacía del Estado defenderá "el interés general" en la causa sobre la presunta caja B del PP

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha precisado este viernes que la Abogacía del Estado se ha personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) en defensa "del interés público y general" que, ha dicho, "está al margen de cualquier orientación hacia un Gobierno u otro".

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros Catalá ha precisado que la Abogacía del Estado es parte en diversos procesos judiciales y en todos defiende tanto el interés general como el particular de la Agencia Tributaria si se han visto lesionados sus intereses.

"Eso está en el leitmotiv de la Abogacía, participa en cualquier proceso en el que pueda estar lesionado ese interés al margen de las decisiones judiciales que puedan adoptarse", ha concretado.

La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, se personó el pasado miércoles a través de la Abogacía del Estado en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) para acusar al extesorero Luis Bárcenas y a los responsables del estudio de arquitectura Unifica por los pagos en negro que se produjeron en las obras de reforma de la sede central de la formación, situada en la calle Génova de Madrid, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Cuatro delitos fiscales

Los servicios jurídicos del Estado han adoptado esta medida después de que Hacienda señalara en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que la compañía cometió cuatro delitos fiscales en estos trabajos al no declarar el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que la compañía, dirigida por el arquitecto Gonzalo Urquijo, "habría dejado de ingresar" a la Hacienda pública unas cuotas que en cuatro ejercicios "superan los 120.000 euros", límite establecido por el Código Penal para el delito fiscal. Se trataría, en concreto, del Impuesto de Sociedades correspondiente a los años 2006 y 2007 y del IVA de 2009 y 2010.