El Gobierno, dispuesto a retirar la posibilidad de escuchas sin permiso del juez

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avanzado este martes que el Gobierno está dispuesto a renunciar al cambio legal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ampliaría el campo para realizar escuchas sin autorización de un juez.

Catalá ha apuntado que la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realicen escuchas sin autorización judicial existe ya en casos de terrorismo, y con la propuesta del Ejecutivo sólo se pretende "ampliar" esta posibilidad para investigaciones asociadas con bandas organizadas, trata de menores y de mujeres y otros delitos "especialmente graves".

No obstante, el titular de Justicia señaló que están "dispuestos a negociar" la reforma y quieren que esta medida salga con el mayor respaldo parlamentario posible, y por ello no quieren "forzar las cosas" y van a esperar a ver qué dicen el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado y las fuerzas políticas sobre esta materia antes de seguir adelante con la modificación.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya se pronunció ayer y aprobó por unanimidad el informe sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que considera inconstitucional la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial.

Encaje constitucional

Por su parte, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado este martes que el Gobierno renunciará a esta propuesta de aumentar los casos en que se permite la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial si el CGPJ concluye que no tiene encaje constitucional, tal como dice el dictamen de este lunes.

"Si el CGPJ considera que no tiene pleno encaje constitucional le puedo asegurar que renunciamos a esa iniciativa", ha dicho en una entrevista en la Cope. "Ni el Ministerio de Interior ni el de Justicia tenemos intención de seguir adelante, promover o imponer una iniciativa que tenga la más mínima duda de su adecuado encaje constitucional", ha añadido.

Según ha dicho, la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual ya prevé que el ministro del Interior pueda intervenir las comunicaciones sólo por supuestos terroristas durante 72 horas antes de comunicárselo a un juez. "Otra cosa es que cuando se aprobó esa Ley el smartphone no existía y hay que adecuar esa situación a la nueva realidad", ha apostillado.

El ministro ha defendido implementar una serie de medidas para la lucha contra el terrorismo yihadista ya que, a su juicio, el Código Penal vigente ha dado los "instrumentos suficientes" para derrotar a una banda terrorista convencional como los GRAPO o ETA, pero ha añadido que no es suficiente para derrotar el terrorismo yihadista, "un terrorismo no convencional donde se diluye la pertenencia a la banda, donde Internet juega un papel fundamental para la comisión de delitos, para las radicalizaciones, la captación...". "Necesitamos adaptar el Código Penal", ha sentenciado.