Los acusados de corrupción no podrán ser candidatos en listas electorales

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha confirmado que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal prohibirá que aquellas personas a las que se les haya abierto juicio oral por delitos por corrupción puedan ser candidatos en una lista electoral. Gallardón defiende las tasas judiciales alegando más justicia gratuita.

Así lo ha adelantado el titular de Justicia en el Pleno del Congreso en respuesta a una interpelación que le ha dirigido la portavoz parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, relacionada con las reformas necesarias para combatir la corrupción.

Debate en el que ha solicitado al ministro expresamente que los partidos políticos emprendan sin espera precisamente medidas para evitar que las personas con juicio oral abierto tengan vetado el acceso a listas electorales. De "absolutamente aceptable" ha calificado el ministro de Justicia esa iniciativa.

Además, anunciado este miércoles que la nueva norma, ya no permitirá a los cargos públicos la posibilidad de negarse a declarar ante el juez cuando sean citados como testigo. Con esto, pretenden acabar con el "privilegio" que, a su juicio, supone poder hacerlo por escrito, como ocurre en la actualidad. 

Asimismo, se suprimirá la figura de los magistrados autonómicos que hasta ahora eran designados por el Consejo General del Poder Judicial a partir de la terna presentada por los cámaras autonómicas.

Todas estas medidas anunciadas por Gallardón responden a las propuestas contenidas en el texto que la comisión de expertos entregó al ministerio para la elaboración de un nuevo Código Procesal Penal adaptado al siglo XXI.

Se lo hará saber a la dirección del PP

Y, en este sentido, ha prometido trasladar a la dirección del PP ese planteamiento del Gobierno con el fin de que en las subsiguientes citas con las urnas las listas electorales de su partido no incluyan a candidatos que tengan un juicio oral abierto. "Si ésa es la voluntad del Gobierno, el partido no irá en contra", ha asegurado.

Éste es el compromiso que Rosa Díez ha arrancado al ministro, a quien minutos antes había retado a no esperar a que la ley obligue para que los partidos políticos, como UPyD, se comprometan 'motu propio' a no llevar en sus listas personas con un juicio oral abierto.

El titular de Justicia también ha destacado que la futura Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, suprimirá la figura de los magistrados autonómicos que hasta ahora eran designados por el Consejo General del Poder Judicial a partir de la terna presentada por los cámaras autonómicas. "Carece de cualquier sentido democrático que un poder del Estado pueda elegir a quien esté ejerciendo jurisdicción", ha argumentado.

"Un cancer que puede matar a todos"

Durante su intervención, Gallardón ha subrayado que para el Gobierno es "una prioridad absoluta" la lucha contra la corrupción, "un cáncer que nos puede matar a todos", y ha mostrado el deseo del Ejecutivo de poder llegar a acuerdos con los grupos de la oposición para encontrar medidas que pongan fin a esas prácticas.

"Ésta no debe ser una batalla que gane solo un Gobierno", ha enfatizado el ministro, antes de poner en valor la reunión que el pasado 19 de marzo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, mantuvo con las distintas fuerzas parlamentarias para lanzarles este mismo mensaje. "El Gobierno querer esa medalla pero no para él", ha insistido.

Así contestaba Gallardón a la portavoz nacional de UPyD, quien aunque le ha reconocido los "avances" en materia de lucha contra la corrupción ha habido, ha lamentado que ha habido "mucho más medidas" anunciadas que de las que se han puesto en marcha, algo que ha achacado a la falta de voluntad política.

Pasar de las palabras a los hechos

Tras pedir al ministro pasar "de las palabras a los hechos" para frenar la cada vez mayor preocupación de los ciudadanos por los casos de corrupción en España, Díez ha denunciado que el Gobierno no esté dando instrumentos a quienes tienen que perseguir esta lacra, entre los que ha citado la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria o los jueces.

En su turno, Gallardón ha hecho un repaso de algunas medidas anticorrupción aprobadas por el Gobierno, entre las que ha citado la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración, y ha hecho especial mención a la mejora que en el combate contra la corrupción supone el Código Penal garantizando que cuando éste salga del Parlamento contendrá todas las medidas anticorrupción que pacten los grupos parlamentarios.

Por último, el ministro ha querido dejar claro a Rosa Díez que su Ministerio ha atendido los refuerzos solicitados por los órganos judiciales que persiguen la corrupción. "Hemos sido especialmente cuidadosos con eso", ha dicho.