Fernández Díaz admite que "parece que sí hubo fallos de coordinación" en el dispositivo del 22M

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha admitido este jueves que "parece que sí hubo fallos de coordinación" en el dispositivo policial desplegado durante el 22M, aunque ha preferido esperar al resultado de la investigación interna abierta en la Policía sobre este asunto.

El ministro, que ha eludido referirse a la posibilidad de que se vayan a llevar a cabo ceses de los responsables de ese operativo, ha insistido en varias ocasiones en no desviar el foco de la responsabilidad de los incidentes registrados, en alusión a los grupos violentos que agredieron a los policías.

Sobre la presencia de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el ministro ha negado que esta circunstancia llevase a los responsables policiales a dictar instrucciones diferentes a las habituales, es decir, que no se limitó la respuesta policial por la presencia de estos agentes internacionales.

Fernández Díaz, que ha hecho estas declaraciones en el acto de toma de posesión del nuevo responsable de la Guardia Civil para la Comunidad de Madrid, ha reivindicado que España "no necesita" observadores internacionales porque es un Estado de Derecho, pero ha pedido que, ya que estuvieron, informen de las actitudes violentas que sufrieron los policías frente al respeto por el derecho de manifestación.

Limitar las manifestaciones

Fernández Díaz ha calificado este jueves como "muy atinada" la reflexión de establecer un lugar específico en el que celebrar las manifestaciones ya que, según ha dicho, "ningún derecho es absoluto".

En concreto el ministro ha sido preguntado acerca de la posibilidad de localizar en algún punto de la ciudad este tipo de manifestaciones. "Me parece que lo que usted dice es una reflexión muy atinada, no existe ningún derecho absoluto, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, mis derechos y libertades empiezan donde acaban los derechos del prójimo", ha respondido el ministro.

Ha recordado que la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión dice que deben comunicarse previamente la manifestaciones "para que precisamente la Delegación de Gobierno pueda hacer compatibles los derechos de todos y puede ser que se cambie la fecha la hora el recorrido para respetar también a quien no quiere manifestarse".

"La última palabra la tienen los Tribunales Superiores de Justicia", añadió al tiempo que lamentó que "por desgracia son muchas las resoluciones que derogan las resoluciones de la Delegación de Gobierno". El ministro ha hecho estas declaraciones durante la toma de posesión del nuevo responsable de la Guardia Civil en Madrid.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, avanzó este miércoles que solicitará una reunión formal con la Delegación de Gobierno para proponerle que se acuerden espacios en la ciudad en los que se podrían limitar las manifestaciones, como ocurre en París, con tres criterios: los ejes estratégicos de transporte, las áreas de afluencia turística y las zonas históricas.