Rebelión autonómica contra la Ley del aborto de Gallardón: Cataluña, Euskadi, Canarias y Asturias, en contra; Andalucía podría recurrir

Las comunidades de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias y Asturias han mostrado su rechazo al anteproyecto de la ley del aborto por ser un retroceso y reabrir un asunto que estaba "resuelto socialmente", y además, la Junta andaluza no descarta recurrir la norma al Tribunal Constitucional. De hecho, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no descartará ningún instrumento, incluido el recurso al (Tribunal) Constitucional" contra la "cruel e insensible" ley del aborto que está promoviendo el Gobierno central. Rubalcaba: "Rajoy cambia libertad de mujeres por votos de extrema derecha"

Andalucía, fortín del PSOE

En una reunión celebrada con carácter monográfico y convocada de manera urgente en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Díaz ha dicho estas palabras ante el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, cuyas representantes le han pedido "que haga todo lo posible para que esta ley no llegue a aplicarse" y "busque la forma de parar esta barbarie".

Se trata de la ocasión en la que el Gobierno central "ha mostrado mayor crudeza y mayor insensibilidad", según Susana Díaz, quien ha dicho que además lo ha hecho para ir "contra los derechos y las libertades de las mujeres".

Según la presidenta andaluza, es falso que este proyecto de ley, que ha calificado de "ejemplo de desigualdad", retrotraiga a la ley de 1985.

"No es verdad que retrotraiga a la ley del 85, sino que retrotrae a antes porque ni siquiera prevé el caso de malformación del feto", y es "un ejemplo de legislación que sitúa a las mujeres en un plano de inmadurez" y que las considera incapaces de decidir frente a su maternidad.

La nueva norma supone "una segunda vuelta de tuerca" porque a los recortes de libertades que están sufriendo los ciudadanos, esta norma hace que las mujeres sufran en mayor medida esa mengua de libertades y de derechos.

La ley sitúa a España "a la cola de Europa", según la presidenta andaluza, quien ha confesado que el sábado "daba rabia" ver que las portadas de los principales periódicos europeos titulaban con esta iniciativa del Gobierno español y la calificaran como "ejemplo de lo que no se debe hacer".

El resto de críticos

Por su parte, el conseller y portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, por su parte, ha considerado que la reforma es un "arma arrojadiza" que "no soluciona nada" y ha insinuado que se podría haber presentado en Consejo de Ministros para tapar el registro policial en la sede del PP.

"Tenemos la sensación desde el Govern que es una ley en la línea de lo que viene haciendo el Gobierno español", es decir, que "no resuelve nada, sino que crea problemas" y tiene "más vocación de arma arrojadiza que de hacer frente a la problemática" (del aborto), que el ejecutivo catalán estima que "pasa por la prevención".

Homs ha hecho estas manifestaciones en la conferencia posterior a la última reunión del año del gobierno catalán, en la que ha insistido en que "a nadie se le pasa por qué lo hicieron público el viernes".

"Es muy evidente que no estaba previsto en el Consejo de Ministros y es evidente que la noche antes hubo el registro", ha sostenido.

La reforma de la ley del aborto también ha sido criticada por el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, porque, a su juicio, ha sido elaborada por un "cálculo electoral" y por "oportunismo político".

Erkoreka ha lamentado que el PP haya decidido "reabrir" un asunto que estaba "resuelto socialmente", lo ha calificado de "un paso atrás incomprensible" y ha dicho que el Gobierno ha optado por esta reforma en contra de la "inmensa mayoría del resto" de fuerzas políticas.

Desde Canarias, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno, Francisco Fernández Espínola, ha opinado que la reforma es "ideológica" y supone "un atentado a la libertad de las mujeres y a los avances logrados en materia de igualdad".

"Supone un retroceso normativo, criminaliza a la mujer, fomenta la desigualdad social, promueve la inseguridad sanitaria y representa un atropello al derecho a la salud sexual y reproductiva", ha sentenciado Hernández Espínola.

Asturias también se manifestó en contra de la reforma cuando fue aprobada y fuentes del Principado consultadas hoy por Efe se han remitido a las declaraciones que entonces hizo la directora general del Instituto Asturiano de la Mujer, Carmen Sanjurjo, quien auguró que tendrá "nefastas consecuencias" para la salud de las mujeres.

Sanjurjo subrayó que el Ejecutivo de la comunidad estudiará "con detalle" la reforma para promover una respuesta que permita "velar por los derechos de las mujeres".