La jueza de los ERE acusa al dueño de Uniter de "connivencia" con cargos de la Junta

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares considera que el dueño de Uniter, José González Mata, "sería uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas, con la indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta". Prisión sin fianza al dueño de Uniter

La juueza ha hecho alusión asimismo al "enorme enriquecimiento" que el imputado experimentó con este "saqueo", ya que es titular de 32 inmuebles, de los que 29 los adquirió "en el periodo investigado".

Hay que recordar, en este punto, que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputa al propietario de la mediadora Uniter presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

Guerrero, Márquez y Fernández

En el auto de prisión la instructora considera que "existen sólidos indicios" contra González Mata y señala que, entre 2001 y 2010, participó "de manera activa en la utilización ilegítima de fondos públicos mediante el concierto necesario con los responsables de la Consejería de Empleo, fundamentalmente con los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el consejero de Empleo, antes viceconsejero, Antonio Fernández", todos ellos imputados en esta causa.

Centrándose en los sindicatos, la magistrada reitera que, según datos bancarios y fiscales, González Mata habría destinado a través de sus empresas 3,2 millones de euros a ambas organizaciones sindicales, mientras que Vitalia habría destinado 4,2 millones, a lo que hay que sumar 104.400 euros aportados por Estudios Jurídicos Villasís, lo que supondría una cantidad total de 7,6 millones de euros.

A su juicio, Uniter realizó "pagos periódicos a los sindicatos UGT y CCOO, los cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades y no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara", añadiendo que ambos sindicatos "habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial".