Gallardón advierte a Artur Mas: no hay "discurso político" que derrote al Estado de Derecho

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha pedido este jueves a la Generalitat "una reflexión" tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña porque, según ha dicho, no hay "discurso político" que pueda enfrentarse al Estado de Derecho. El PSC da por hecho que en 2014 no habrá consulta soberanista en Cataluña

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Gallardón ha subrayado que una vez que el Constitucional "ha hablado" y ha establecido "cuál es su criterio", "todos los poderes del Estado", tanto el Gobierno de España como la Generalitat de Cataluña, tienen que estar "lealmente" y "responsablemente" a lo que ha dicho el alto tribunal.

"Creo que es el momento de que hagamos todos una reflexión desde la serenidad de que no hay discurso político que pueda enfrentarse a lo que establece un Estado de Derecho", ha afirmado rotundo el titular de Justicia.

En este sentido, ha insistido en que una vez que ha hablado el Tribunal Constitucional, marcando "unos plazos a los efectos de tomar una decisión sobre la validez de la norma impugnada", "todos" deben acatar la resolución, "que está por encima de la capacidad política" que tiene ningún poder ejecutivo en España.

Al ser preguntado después si el Gobierno podría tomar alguna iniciativa después de que el Parlamento catalán haya decidido crear una comisión del derecho a decidir, el ministro de Justicia no ha ofrecido ninguna respuesta sobre este extremo.

Amenaza del PP

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha recomendado este jueves al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los partidos que apoyan el proceso soberanista en Cataluña que miren "atrás para ver cuánta gente les sigue" en este proyecto, porque cada vez son menos.

Así se ha pronunciado Alonso en los pasillos de la Cámara Baja al ser preguntado por la decisión de Mas de seguir adelante con la consulta pese a que el Tribunal Constitucional ha paralizado la aplicación de la declaración soberanista que aprobó el Parlament en enero al admitir a trámite el recurso que el Gobierno presentó contra la misma.

"Están muy empeñados en seguir un camino que saben que no les lleva a ninguna parte y de vez en cuando deberían mirar atrás para ver cuánta gente les sigue, porque cada vez les sigue menos gente", ha señalado el portavoz 'popular'.

Oídos sordos al TC

Precisamente este jueves, el Parlamento catalán decidió hacer oídos sordos a la providencia del Tribunal Constitucional, tras la denuncia interpuesta por el Gobierno español, que reprime la declaración soberanista aprobada en su día por mayoría de la Cámara y anunció presentar las preceptivas alegaciones.

La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, informó en rueda de prensa de la reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces a raíz de la admisión a trámite de la impugnación de la resolución de declaración de soberanía.

De Gispert, acompañada de la vicepresidenta primera, Anna Simó, recordó que la resolución es "una declaración política" y anunció que los servicios jurídicos de la cámara defenderán el contenido a las alegaciones que el Parlament presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) en un plazo máximo de veinte días.

En la Junta de Portavoces, la presidenta comunicó a los grupos parlamentarios de la providencia del TC y entregó a los portavoces un dossier con las alegaciones de la Abogacía del Estado y el escrito de los servicios jurídicos de la cámara en respuesta a la providencia dictada por el TC el 9 de abril, en la que pedía en el Parlament que le hiciera saber si la resolución del 13 de marzo "sustituye íntegramente" a la resolución del 23 de enero.

En declaraciones a los medios de comunicación, de Gispert explicó que, durante la reunión de la Junta, los grupos han dado opiniones "mayoritariamente defendiendo la declaración de soberanía como expresión de voluntad política", y defendió que la resolución se enmarca en las actuaciones de impulso al Govern.