Cataluña presiona a Wert para no pagar colegios privados por el castellano

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, subraya que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, "debe tener en cuenta" el informe del Consejo de Estado, en el que rechaza el precepto de la Ley orgánica de mejora de la calidad educativa (Lomce) que contempla que la administración debe pagar la escolarización de los hijos cuyos tutores opten por centros privados que utilicen el castellano como vehicular. Mas casi triplicó las subvenciones al doblaje de filmes en catalán en 2012

"Si te hacen un informe como el que le han hecho a Wert se debe tener en cuenta", ha valorado Rigau en una entrevista de Catalunya Radio, en la que ha recordado que pedirá al ministro que convoque a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial para valorar la continuidad de la tramitación de la Lomce.

La consejera ha añadido que "la proporción razonable no la debe decir el ministro, sino que es fruto de la evaluación del alumno", en relación a la propuesta de Wert de incrementar la presencia del castellano en las aulas catalanas.

Dictamen del Consejo

Este miércoles, el Consejo de Estado se mostró contrario en su dictamen sobre la reforma educativa del anteproyecto de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) a que las comunidades autónomas deban costear un centro privado a aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano y no dispongan de esa oferta.

"No debería figurar en la ley por afectar al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia", según estos expertos. "La regla de que las Administraciones educativas deberán sufragar los gastos de escolarización cuando los padres o tutores decidan escolarizar a sus hijos en centros privados que utilicen el castellano como vehicular, más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación, no debería figurar en la ley", señala el dictamen.

Competencia autonómica

El documento sostiene que, aunque comparte la posición de la Lomce respecto a que las Administraciones educativas son las que tienen las competencias para determinar la "proporción razonable" del uso de las lenguas cooficiales, debe quedar en el marco autonómico "las medidas a adoptar" cuando no se disponga de "medios o recursos" para garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en los centros públicos.

Los expertos recuerdan que tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional han reconocido la competencia de las comunidades autónomas con lengua oficial propia para orientar su sistema educativo hacia un modelo de integración, como han hecho Cataluña y Galicia, o hacia otro de enseñanza lingüística diferenciado como la Comunidad Valenciana y País Vasco.

"Ambas posibilidades se ajustan plenamente a la Constitución, correspondiendo al legislador autonómico la libertad de opción entre uno u otro modelo, sin que la legislación básica del Estado pueda, por su densidad normativa, frustrar la elección del modelo a seguir", según el Consejo.

Y resalta que son las autonomías las que están "en condiciones" de determinar dónde es preciso "intensificar medidas de apoyo especiales", lo que sin duda, según los expertos, "producirá gran variedad de situaciones entre comunidades autónomas".

Mas y Rigau contra Wert

La polémica sobre el punto de las lenguas cooficiales en la Lomce tuvo su momento más álgido cuando el pasado mes de octubre el ministro de Educación, José Ignacio Wert, destacó en el Congreso el "interés" del Gobierno en "españolizar a los alumnos catalanes", una manifestación que provocó un aluvión de críticas de los partidos de la oposición y de la Generalitat catalana.

Además, la mayoría absoluta del PP impidió el 30 de octubre un intento de la oposición (UPyD se abstuvo) de reprobar a Wert por esas declaraciones. Este punto de la Lomce también provocó malestar entre las Consejerías de Educación de las comunidades con lengua propia en sus reuniones sectoriales en el ministerio, como en la del pasado diciembre, cuando la consejera catalana, Irene Rigau, abandonó el encuentro para mostrar su rechazo al borrador de la ley.