La Junta andaluza se enroca en la defensa de la 'ley del enchufismo'

"Las sentencias conocidas ratifican la absoluta legalidad" del sistema de administración instrumental de la Junta de Andalucía. Así defendió este jueves en el Parlamento regional la denominada ley del enchufismo de 2010 la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

Pasó por alto la paralización de todos los protocolos de integración de unas 26.000 personas en las ocho macroagencias creadas al amparo de esa ley, llegando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a haber decretado la suspensión firme sobre el traspaso de 1.850 personas.

Martínez Aguayo, ignorando todo ello y también los reiterados pronunciamientos judiciales en los que los magistrados tildan de "desprecio al Estado de Derecho" la integración como empleados públicos de esos 26.000 trabajadores -la gran mayoría cercanos al PSOE, UGT o CCOO- sin pasar prueba de selección alguna, presumió del ahorro de 200 millones que ha supuesto esa reordenación. Y de los 117 entes suprimidos.