Anticorrupción investigará las cuentas del PP por el 'caso Bárcenas'

El caso Bárcenas y los supuestos pagos ilegales no declarados en el seno del Partido Popular ya no son solo un asunto periodístico. Ahora ya se trata de un asunto con posibles consecuencias legales. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido dar un paso al frente y a solicitado a Hacienda que le remita todos los pagos del Partido Popular desde el año 2.000. El objetivo es poder aclarar si existen, o no, irregularidades motivadas por las actuaciones de su antiguo gerente y tesorero.

Según publica el diario El País, la actuación podría ir incluso más allá, puesto que no se descartan solicitar los documentos correspondientes a ejercicios anteriores, esto es, a los que se produjeron durante los años 90.

El rotativo apunta a que esta investigación no se ha iniciado en las últimas horas, con los últimos descubrimientos sino que se inició el pasado 24 de enero, cuando surgieron las primeras informaciones al respecto. Fue entonces cuando Anticorrupción se dirigió a Hacienda y al Tribunal de Cuentas para empezar a realizar una investigación que tendrá dos vías.

Por un lado, se llamará a declarar al propio Bárcenas para que dé cuenta de todas las informaciones publicadas hasta la fecha. Además, también se cotejarán los datos de la 'contabilidad B' que manejaba de forma manuscrita Bárcenas y la que consta de forma oficial en el Partido Popular.

También se quiere saber si los documentos publicados en los últimos días en la prensa nacional son o no verídicos. Recordemos que el Partido Popular duda de que los documentos hayan sido escritos en años distintos e incluso el propio afectado niega su autoría.

Así, se tratará de saber si existen delitos fiscales por parte de los beneficiados de los pagos y por el PP. En el caso de los primeros parece complicado toda vez que la suma de las cantidades percibidas no superaron los 120.000 euros, algo que sí sucede con el partido.

La Fiscalía también quiere saber si se vulneró la ley de financiación de partidos, toda vez que algunos empresarios han afirmado haber abonado estas cantidades para tratar de conseguir favores en la adjudicación de obras bien de carácter público, y en administraciones dominadas por el PP, o bien en obras que realizaba el partido con carácter privado.