Política

JpD pide una reforma de la Ley del indulto tras la licencia del Gobierno con un kamikace

    El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón. <i>Imagen: EFE</i>


    La organización Jueces para la Democracia ha pedido hoy una reforma legal para que los indultos sean motivados y queden sujetos a criterios de equidad y proporcionalidad y al control de los tribunales con el fin de evitar la "apariencia de arbitrariedad y amiguismo" y el "uso abusivo" por parte del Gobierno.

    El portavoz de esta asociación judicial, Joaquim Bosch, ha criticado el indulto concedido a un conductor kamikaze condenado a trece años de prisión tras provocar en 2003 un accidente mortal.

    A su juicio, la medida resulta "contraria a la Constitución", que prohíbe la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos, y "quiebra los principios de igualdad y seguridad jurídica", ya que no se conocen las razones por las que unas personas son indultadas y otras no cuando se encuentran en circunstancias similares.

    Además, ha añadido Bosch, con estas actuaciones el Ejecutivo está "usurpando" las funciones del Poder Judicial y parece convertirse en una "especie de última instancia" que no debe justificar sus actuaciones.

    Para JpD resultan asimismo "preocupantes" las informaciones periodísticas sobre las conexiones entre el despacho de abogados que ha defendido al indultado y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

    Cargos públicos

    Según Bosch, el mayor porcentaje de indultados se encuentra entre los cargos públicos políticos y los funcionarios, como agentes de policía, con lo que parece que "el poder se indulta a sí mismo".

    "Con estos indultos se potencia la imagen de que hay que tener buenas conexiones con el poder para ser indultados, lo cual produce en la ciudadanía una sensación de impunidad en determinados supuestos y provoca una pérdida de credibilidad en las instituciones, advierte.

    En opinión de JpD, mientras no se reforme legalmente la figura del indulto "no resulta admisible el uso abusivo" que está realizando el Gobierno, con decisiones que "provocan fisuras en los principios del Estado de Derecho".