El juez del 'Palau' pide explicaciones a la Policía sobre el borrador que inculpa a Mas y a Pujol

El juez que instruye el saqueo del Palau de la Música se ha reunido en su despacho con el comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Vázquez, para pedirle cuentas sobre el "borrador" que acusa a Artur Mas y Jordi Pujol de cobrar comisiones.

Según fuentes judiciales, el comisario, que ha llegado al juzgado poco antes de las 13.00 horas, se ha reunido con el juez instructor, Josep Maria Pijuan, y con el fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled, que lleva el caso del Palau de la Música,

Pijuan citó el pasado lunes al comisario a su despacho con el propósito de pedirle cuentas por el supuesto "borrador" de un informe policial, que ha publicado el periódico "El Mundo" y que mantiene que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el expresidente Jordi Pujol y el conseller de Interior, Felip Puig, cobraron comisiones de empresarios en sus cuentas personales.

El "borrador" elaborado por la UDEF no consta en el sumario sobre el saqueo del Palau de la Música, por lo que el juez pide hoy explicaciones al comisario sobre la existencia o no de ese documento y las razones por las que, en caso de ser auténtico, no se ha remitido al juez.

A raíz de las publicaciones de "El Mundo", el magistrado del "caso Palau" ha emitido dos comunicados en los que asegura que no ha encargado ningún informe a la Policía Nacional sobre el desvío de fondos, más allá del que la UDEF le remitió el pasado mes de mayo, y recuerda que los cuerpos policiales no pueden emprender por su cuenta investigaciones sobre causas que están en los juzgados.

En el informe que la UDEF remitió el pasado mes de mayo al juez, la Policía Nacional señalaba indicios de que empresas adjudicatarias de obra pública de la Generalitat pagaron comisiones a CDC a través del Palau de la Música.

Ante la posibilidad de que de ese informe pudieran derivarse responsabilidades por supuesta financiación irregular de CDC, el juez acordó remitir la investigación al Tribunal de Cuentas, que es el que tiene competencias en la materia.