Dos ex altos cargos del PSOE cobraron doce millones por la venta de barcos a Venezuela

Unos cuarenta y dos millones de euros fue el monto en concepto de comisión que la naviera pública Navantia pagó en España y Venezuela en 2005 por la construcción de ocho patrulleras militares al Gobierno de Hugo Chávez. Éste pagó al Estado español 1.200 millones de euros por la compra. Un hecho que no evitó que la naviera tuviese que pagar la labor de intermediación realizada en España por un exalto cargo del PSOE. Éste y un colega del partido están imputados por tráfico de influencias y delitos fiscal. Ambos cobraron comisiones de seis millones de euros.

Se trata del último presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) entre 190 y 1995, Javier Salas Collantes y el que fuera su subordinado, Antonío Rodríguez-Andía, según relata ABC en sus páginas. Este último estaba contratado por Rebazve, la empresa de mediación que se encargó de llegar a un acuerdo entre Navantia y Venezuela para la venta de las patrulleras. Rebazve se embolsó por la operación cuarenta y dos millones de euros . De esta cantidad Andía se quedó con doce millones que se repartió con el que fue su colega en el INI.

Rebazve también repartió parte de los cuarenta y dos millones que facturaron por sus servicios entre miembros de la Armada venezolana. Un hecho que despertó recelo entre los militares que reclamaron a Navantia su comisión. La naviera pública se negó a abonar la cantidad "porque ya habían pagado una barbaridad a la empresa mediadora".

Navantia, de forma extraoficial, reconoce lo escandaloso de las cantidades que se pagaron a modo de comisión siendo además una venta cerrada de Estado a Estado. Ello contrasta con la postura oficial que justifica el pago de los cuarenta y dos millones de euros.