Gabriela Bravo: el nuevo mapa judicial "no reducirá el número de órganos ni empleos"

El nuevo mapa judicial propuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que supondría reducir el número de partidos de los 431 actuales a menos de la mitad, entre 190 y 200, "no implica una reducción de los órganos judiciales, sino que supone una concentración de los ya existentes que va a permitir un mejor aprovechamiento de los recursos".

Así lo defendió ayer la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en el marco de un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y La Ley/Wolters Kluwer, donde aseguró, además, "que tampoco se reducirán puestos de trabajo".

Las declaraciones de la portavoz llegan un día después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegurara que este recorte defendido por el CGPJ "no es el criterio del Gobierno".

Un modelo "arcaico"

En defensa del modelo propuesto por el órgano de gobierno de los jueces, Bravo aseguró que "no podemos seguir invirtiendo sobre una estructura arcaica y obsoleta". Indicó que ha habido una fuerte inversión a lo largo de estos años en la Administración de Justicia, con un incremento del 50 por ciento desde 2004, "que no hemos podido utilizar porque la estructura el modelo está agotado". Y es evidente, dijo, que "no podemos seguir derrochando y desinvirtiendo".

Explicó que, el mapa judicial actual implica que por cada juez habría que crear un órgano jurisdiccional, lo que costaría una media de 330.000 euros por órgano. Algo, apostilló, "que hace que el actual modelo resulte insostenible".

Las tasas

En relación a las tasas judiciales propuestas por Justicia para poder acceder a la segunda instancia, opinó Gabriela Bravo que "muchos ciudadanos se van a ver imposibilitados de acceder a la resolución de un órgano superior ", lo que, aseguró, "a mí me preocupa".

Y concluyó que está en contra "de cualquier medida que impida o cercene la tutela judicial efectiva". Establecer el pago de mayores tasas judiciales, añadió la portavoz, cuando los ciudadanos ya pagan la Justicia con sus impuestos, "es poco compatible con un Estado de Derecho".