Las autonomías tendrán la última palabra en el diseño del mapa judicial

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró ayer que negociará cualquier reducción de partidos judiciales con las comunidades autónomas afectadas antes de tomar una decisión sobre el recorte de órganos judiciales.

Así lo aseguró durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Justicia -que reúne al Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los representantes de las autonomías con competencia en Justicia, en relación a la propuesta planteada por el CGPJ para rediseñar el mapa judicial y que pasaría por reducir la cifra de partidos judiciales de los 431 actuales a menos de la mitad, entre 190 y 200, que ha provocado la inquietud de algunas regiones como el País Vasco, Murcia o la Comunidad Valenciana, ya se han mostrado contrarias a los recortes de órganos judiciales en sus territorios.

Gestión conjunta de las tasas

Por otra parte, el ministro propuso a los consejeros de Justicia autonómicos de las comunidades autónomas -un total de doce- la creación de una mesa de diálogo para acordar con ellas una participación conjunta de la recaudación de las tasas judiciales, cuyo incremento generalizado, especialmente para el acceso a los recursos, es una de las medidas más polémicas de las adoptadas por el nuevo titular de Justicia.

Gallardón reiteró que el criterio del Ministerio será vincular el incremento de las tasas a la financiación de la asistencia gratuita y aseguró que al pagarse con las tasas toda la justicia gratuita "las comunidades podrán liberar recursos económicos para destinarlos a otras partidas de Justicia".

Además, advirtió de que el umbral mínimo para acceder a estos servicios seguirá siendo el mismo, pero se determinarán los supuestos en los que puede solicitarse "para acabar con las disfunciones detectadas", por lo que será necesario establecer un "servicio de control de posible fraude".

Interconexión informática

Otro de los puntos clave que se abordaron en la reunión fue la interconexión de los ocho sistemas informáticos judiciales existentes actualmente en España, algunos de ellos incompatibles entre sí. El ministro explicó que en el actual contexto de crisis la cooperación institucional resulta "imprescindible" para un desarrollo informático de la Administración de Justicia "sin duplicidades o sistemas innecesarios".

A este respecto, el Ministerio junto con el CGPJ acordaron la creación de un Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, con el objetivo de que los datos relevantes que se comuniquen entre los distintos juzgados se traduzcan a un lenguaje único que facilite el acceso desde cualquier sistema.