El análisis: La justicia española no tiene solución

Si se acepta, con Montesquieu, que la Justicia habría de ser "invisible y nula", tiene que ser una grave contrariedad la gran visibilidad que ha adquirido el tercer poder del Estado en estos últimos tiempos. El proceso de anulación profesional del ya exjuez Garzón, polémicos nombramientos o la reforma del nuevo ministro de Justicia son un claro ejemplo.

La sustitución de Gómez Bermúdez por Grande-Marlaska al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ha sido un relevo profesional, fruto de la competencia en buena lid de candidatos que rivalizan en cuestiones técnicas, sino, como casi siempre, el desenlace de una pugna política, sostenida y alentada por un Consejo General del Poder Judicial cuyos miembros han aceptado la poco honrosa tarea de ser correa de transmisión de los partidos políticos e incluso de las facciones ideológicas.

Actualmente todo el mundo lo sabe-, ese Consejo, de teórica mayoría "progresista" (11 a 9), se inclina generalmente a estribor gracias a los pactos subterráneos de Margarita Robles y Félix Azón.  Y otro gran rotativo estatal de signo inverso, no se recataba de titular en portada: "El juez que abrió el 'Faisán' [Grande-Marlaska] se impone al que cerró el 11-M [Gómez Bermñudez]". Efectivamente, Gómez Bermúdez, un magistrado solvente que se opuso en banda alentar o sostener las disolventes y estrafalarias teorías de la conspiración que ciertos sectores ultraconservadores alentaron en torno al 11-M y tuteló un juicio impecable que zanjó aquella tragedia, ha perdido ante Grande-Marlaska, aplaudido con vehemencia por la derecha extrema.

Estos episodios, que llegan convenientemente modulados a la opinión pública, muestran los forcejeos judiciales que desembocaron en la crucifixión del juez Garzón, expulsado de la carrera judicial por unanimidad en la misma sesión del Consejo del jueves. Como es natural, la prensa mundial, asombrada, sigue con perpleja atención las vicisitudes del 'caso Garzón', que ahora se paseará por el Tribunal Constitucional español y por distintas instancias jurisdiccionales internacionales, con francas posibilidades de prosperar.

La justicia cambia de piel

Mientras tanto, se anuncia una reforma de la Justicia a cargo de Alberto Ruiz-Gallardón, que eriza el vello de expertos y profanos y que ha sido, por ejemplo, ferozmente desautorizada por un personaje de tanto crédito y prestigio como Gregorio Peces-Barba: "lo más preocupante de esta propuesta es que es expresión de una gran ignorancia del funcionamiento del sistema y de confundir lo que supone la independencia judicial garantizada por la Constitución".

En definitiva, la desafección que genera una Justicia internamente zarandeada por corporativismos politizados crecerá previsiblemente al amparo de una reforma errónea, que agravará los defectos en lugar de repararlos.

Para rebajar la politización directa y rampante del Consejo General, que se trasvasa automáticamente a toda la corporación judicial, el método idóneo es mejorar la elección parlamentaria de los vocales, renunciando los grandes partidos al inconveniente sistema de cupos y buscando consensos magnánimos y de calidad que hagan primar el mérito, la capacidad y el prestigio sobre las adhesiones serviles e interesadas.

El camino incorrecto

No estamos, evidentemente, en este camino, y todo indica que el problema no tiene solución porque no hay forma de arrancar a nuestras organizaciones políticas la grandeza suficiente para que la tenga. Lo que en realidad quieren los partidos políticos españoles es controlar el poder judicial, ponerlo de su parte y desfigurarlo. Ésta es también la razón de que la Justicia nunca disponga de medios materiales y humanos suficientes. Después de todo, cuanto más potente sea la Justicia de un sistema democrático, más control se ejercerá sobre el poder ejecutivo.