Jáuregui dice que sería demoledor que se repitiera el abandono de los controladores

Jáuregui ha subido a la tribuna en el pleno del Congreso para solicitar la autorización de la Cámara Baja para prolongar el estado de alarma, declarado el pasado día 4 tras el abandono masivo e inesperado de los controladores aéreos de sus puestos de trabajo, lo que obligó a cerrar el espacio aéreo.

Según ha argumentado, la sociedad no ha recuperado una percepción de normalidad del tráfico aéreo y, además, persisten incertidumbres sobre el próximo futuro, una inquietud que comparten tanto los ciudadanos como los representantes de los sectores vinculados a la navegación aérea.

A su juicio, el Gobierno tiene la obligación de garantizar la normalidad del tráfico aéreo mientras subsistan las causas subyacentes que provocaron el "chantaje", especialmente en días "tan sensibles" para los ciudadanos y la economía como los actuales.

Ha aclarado igualmente que los controladores aéreos tienen todos sus derechos "intactos", incluidos el de libertad sindical, negociación colectiva y libertad de expresión.

"Algo más de 2.000 controladores están movilizados para que 47 millones de españoles no vean perturbados gravemente sus derechos, para que la economía de nuestro país no se vea gravemente afectada y para que España cumpla sus compromisos en el tráfico aéreo internacional", ha resaltado.

Para el ministro de la Presidencia, tanto el decreto de estado de alarma como la prórroga del mismo son una respuesta proporcionada a la gravedad de los hechos ocurridos.

Una situación que se mantendrá hasta que se recupere la normalidad en la navegación aérea, pero no una normalidad precaria, amenazada o provisional -ha precisado-, o una que dependa de un supuesto compromiso de no volver a hacerlo por parte de los controladores, porque éste "no es tiempo de palabras, sino de seguridades".

Su resumen es que las circunstancias que generaron la declaración de estado de alarma no han sido superadas, persisten problemas que no han podido ser resueltos y la normalidad en la navegación aérea ni es total ni está plenamente garantizada.

A ello ha sumado también la apertura de diligencias en diferentes fiscalías para investigar los hechos, así como la incoación de expedientes sancionadores y disciplinarios.

Tras poner el acento en el "carácter neurálgico" de los aeropuertos en cualquier sociedad avanzada, mayor todavía en un destino turístico como España, Jáuregui ha advertido de que "los riesgos se multiplican y una situación semejante a la sufrida a primeros de diciembre sería realmente catastrófica".

Hasta el 15 de enero están programados más de 100.000 operaciones aéreas, con unos 3,5 millones de viajeros, de ellos 2,5 millones en vuelos internacionales.

En este contexto, ha esgrimido algunos datos para apuntalar sus argumentos: 3 de cada 4 turistas, es decir unos 40 millones de personas cada año, llegan a España a través de los aeropuertos, que en comunidades como Baleares y Canarias son la principal vía de comunicación.

Además, el aeropuerto de Madrid es clave en el tráfico aéreo entre Europa y América Latina, ha agregado, y Barcelona lo es también en el tránsito mediterráneo.

Por esa razón, ha insistido en subrayar las gravísimas consecuencias que tendría una repetición de los hechos, no sólo por el "drama" de tener a cientos de miles de personas bloqueadas en los aeropuertos, sino que supondría "miles de millones" de euros de pérdidas al sector turístico.

Jáuregui ha asegurado que tanto el estado de alarma como su prórroga son constitucionales y ha considerado "erróneo" presentarlos como una situación de anormalidad constitucional, porque "lo anormal -ha aducido- son las razones que lo exigen: el sabotaje y la paralización del tráfico aéreo".

"Lo que ocurrió el día 3 de diciembre no había sucedido jamás en España -ha juzgado-. En las formas y tiempos que ocurrió, no creo que haya habido un caso semejante en el mundo".