Alan García inicia la última etapa de su Gobierno con un nuevo gabinete y el fin de una polémica ley

A tres semanas de que se realicen las elecciones regionales y municipales a nivel nacional y el posterior inicio de la campaña para las presidenciales, García designó a José Antonio Chang como el cuarto primer ministro de su actual gestión.

Previamente, García aceptó la renuncia del gabinete que presidió Javier Velásquez Quesquén, quien dejó el cargo para buscar la candidatura del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP) a las elecciones presidenciales de 2011.

En su reemplazo designó a Chang, quien continuará a cargo de la cartera de Educación, que ocupa desde el inicio del Gobierno, en julio de 2006.

El presidente ratificó, en total, a nueve ministros, entre ellos al de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde, y a los de Ambiente, Cultura, Vivienda, Salud, Trabajo, Energía y Minas, y Transporte.

Los cambios más notorios se produjeron en el despacho de Economía, donde Mercedes Aráoz cedió la posta a Ismael Benavides, y en Defensa, donde Rafael Rey dejó el cargo en medio de la polémica por la ley sobre los procesos contra militares y policías.

Rey fue reemplazado por Jaime Thorne, quien jurará mañana al cargo en el Palacio de Gobierno por encontrarse fuera del país.

Además, se concretaron los cambios en los despachos de Interior, Agricultura, Justicia, Producción, Comercio Exterior y de la Mujer, de donde los ministros salieron para postular al Congreso.

Horas antes de la ceremonia, el presidente aseguró que el gabinete que presidirá Chang "va a traer respeto y, además, garantizar, primero, la estabilidad y, luego, la neutralidad" durante las próximos procesos electorales en el país.

Mientras estos cambios se concretaban en el Palacio de Gobierno, en el cercano edificio del Congreso de la República los legisladores protagonizaron un crispado debate previo a la derogación del polémico decreto 1097.

Esa norma señalaba que los procesos por crímenes contra los derechos humanos seguidos a militares y policías debían ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dictaba sentencia.

Además, señalaba que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.

En medio de una andanada de críticas, ya que la mayoría de los casos que se investigan se produjeron entre 1980 y el 2000, el Gobierno recibió ayer la renuncia del escritor Mario Vargas Llosa a presidir la comisión encargada de construir el Lugar de la Memoria, un recinto en homenaje a las víctimas de la guerra interna.

Horas después, el Ejecutivo envió al Congreso de la República un pedido para que la ley fuera derogada "con carácter de urgencia".

Finalmente, el Parlamento aceptó hoy la derogatoria con 90 votos a favor y uno en contra, del legislador y primer vicepresidente peruano, Luis Giampietri, un vicealmirante en retiro acusado de estar implicado en la matanza de presos por terrorismo en el penal de El Frontón en 1986, durante el primer gobierno de García.

"Yo voy a votar en contra de la derogación del decreto", adelantó Giampietri, quien consideró que la medida era "un acto de total injusticia".

En medio de la sesión, la legisladora Rosario Sasieta mostró a un canal de la televisión local un volante supuestamente difundido por el despacho del saliente ministro Rey, instando a los legisladores a votar en contra de la derogación.

Minutos más tarde, Rey negó que hubiera ordenado la distribución de ese volante, aunque luego dijo que tiene "derecho a publicar la justificación y comprobación de que todas las acusaciones que se han hecho respecto a ese decreto son falsas".

La parlamentaria nacionalista Marisol Espinoza aseguró, sin embargo, que muchos militares y policías "deshonraron" a su uniforme asesinando a civiles, principalmente quechua hablantes.

La mayor parte de los procesos por violaciones a los derechos humanos abarcan el periodo entre 1980 y 2000, cuando el Estado combatió al terrorismo en un conflicto que dejó más de 69.000 muertos.

Mientras estuvo vigente el decreto 1097, publicado el 1 de septiembre pasado, ex altos jefes militares y miembros del "escuadrón de la muerte" Colina, creado durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), pidieron acogerse al beneficio, un tema que ahora deberá ser resuelto por los tribunales.