AES alerta de que son 90 los casos aprobados de retirada de escoltas y que entre ellos hay empresarios del TAV

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

De la Cruz manifestó su sorpresa por que "esta vez, entre a los que se les ha retirado (la escolta) hay empresarios y curiosamente de la 'Y vasca'". "Esto está ocurriendo estos días, sí que hay tres o cuatro empresarios a los que se les ha retirado la protección y también hay una periodista. Eso me pone los pelos de punta porque ETA no lo ha dejado ni se le espera", añadió el presidente de ASES, quien, sin embargo, no se refirió a que esta decisión se deba a una posible tregua de la banda terrorista.

Según dijo, esta retirada de escoltas se produce después de la última reunión --mantenida este verano-- entre los representantes del Ministerio del Interior, el Gobierno vasco, así como de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, quienes periódicamente hacen un "análisis de riesgo" y evalúan la posibilidad de retirar este tipo de protección en aquellos casos en los que ya no sea necesario o aumentarla en los supuestos que así lo precisen.

Vicente de la Cruz indicó que en el transcurso de esa reunión "se planteó la retirada para hasta 150 personas, si bien finalmente tan sólo se aprobaron unos 90". En cualquier caso, el presidente de ASES advirtió que esta retirada de escoltas "siempre está bien fundamentada" y que cuenta con las garantías necesarias al tiempo que recordó que existen otro tipo de medidas de protección que sí se mantienen.

RESPUESTA DE ARES

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha afirmado que se está reorganizando el servicio de seguridad a las personas amenazadas por ETA en base a una evaluación de "riesgos" y ha negado que esta medida esté relacionada con la posibilidad de una próxima tregua de la organización terrorista o que sea "un problema de ahorro".

De esta manera, se ha referido a la denuncia de la Asociación de Escoltas del País Vasco, que ha criticado la retirada de protección a más de 50 cargos políticos, empresarios y periodistas vascos.

"Estamos haciendo una evaluación de riesgos de la personas que tenían y tienen protección. Y en base a esa evaluación de riesgos y de los cambios que se van produciendo en las situaciones de cada una de las personas protegidas, se van tomando decisiones", ha señalado Ares, quien ha añadido que "no es un problema de ahorro".