El Constitucional debe decidir rápido ante el desafío independentista catalán

Cuando uno se pierde el respeto a sí mismo traspasa una barrera mucho más grave que la del ridículo. En ese camino están inmersos ya los independentistas catalanes, personajes del más diverso pelaje social y cultural que con toda lógica pueden desde hace unos días ser calificados de golpistas.

Han pasado de plantear en su resolución de ruptura que no se obedezcan los mandatos emanados de ninguna institución española, a desobedecer los mandatos emanados por la única institución que ellos reconocen, el Parlamento de Cataluña.

La Junta de Portavoces de la cámara se ha reunido de forma ilegal, contraviniendo lo dispuesto en el Reglamento del Parlament, cuya autoridad emana de la soberanía que depositan en ella los ciudadanos de Cataluña al votar. Incumplir esa normativa ya no es declararse en rebeldía frente al opresor Estado, ya no es deslegitimar lo que dictan el Congreso, el Senado o el Tribunal Constitucional.

Reunir a los portavoces sin estar todavía designado el de uno de los grupos parlamentarios es despreciar a los catalanes, en cuyo nombre dicen hablar y actuar. Es poner la Mesa y la Junta de esa noble institución que es el parlamento al servicio innoble de los intereses de un grupo de golpistas.

Los recursos de amparo que van a presentar en el Tribunal Constitucional, en plena unión y armonía por lo que se nos dice, Ciudadanos, PSC y PP, van a ser estudiados con carácter de urgencia y deberían implicar una decisión inmediata, pese a que su mera presentación no implique la suspensión como ocurre con las impugnaciones que lleva a cabo el Gobierno.

Los magistrados están ante su mayor responsabilidad histórica en casi cuarenta años, nadie entendería que tardaran en abordar este asunto siquiera el diez por ciento del tiempo que emplean en ver otros recursos también importantes. El mismo día en que se van a presentar los escritos por parte de los líderes constitucionalistas catalanes, el Tribunal debe emitir su juicio, el juicio de la razón y la Ley.

A partir de ese momento comenzará la verdadera tensión, cuyo alcance depende única y exclusivamente del mínimo raciocinio que aún mantengan cerebros empequeñecidos como los de Mas, Junqueras, Forcadell y Baños. Si esa milésima de cordura ha desaparecido irremisiblemente, es crucial que ante la desobediencia flagrante que se producirá, las instituciones y las autoridades mantengan la calma.

El Constitucional tiene desde hace algunas semanas la prerrogativa de hacer cumplir sus decisiones ordenando al Gobierno su ejecución. Los ministros de Interior y Exteriores, portavoces en las últimas horas de la posición oficial, han deslizado palabras que el nacionalismo catalán antiespañol sueña con escuchar: sofocar (Margallo, afirmando que ocurrirá) y desfilar la Guardia Civil por la Diagonal (Fernández Díaz, negando que vaya a ocurrir nunca).

Lo que haga el ejecutivo democrático elegido por los españoles en las urnas, esperemos que apoyado por el resto de fuerzas políticas como se está adivinando, debe ser llevado a cabo sin anuncios, sin previsiones, con la normalidad que da en cualquier Estado de Derecho la aplicación de la Ley.