Madrid dilapidó 105 millones de euros en la inexistente Ciudad de la Justicia

Hoy se sabe que los Gobiernos de Madrid, especialmente el de Esperanza Aguirre, gastó 105 millones de euros en una megaciudad destinada a acoger todos los servicios de justicia de Madrid y que, salvo un edificio ideado como Anatómico Forense, nunca llegó a ser levantada. La crisis económica, y más en concreto la del ladrillo, dieron al traste con un proyecto convertido en un secarral de 400.000 metros cuadrados.

354 juzgados, y más de 25.000 personas al día pasarían por esta gran superficie convertida en la Ciudad de la Justicia más grande del mundo, decía entonces Aguirre, quien además adornó el proyecto afirmando que no tendría "coste alguno para los ciudadanos".

Pero la crisis, recoge este lunes el diario El País, acabó con este espejismo paralizado en 2008 y finiquitado en 2014. Un año más tarde, y según la documentación en poder del Grupo Prisa, de aquellos 130 millones de euros invertidos solo quedan 25 de valor patrimonial, de manera que 125 se habrían gastado inútilmente.

Según se desprende de la citada documentación, la diferencia entre lo gastado y el patrimonio neto proviene de auditorias por valor a 70.000 euros, en abogados, y en gestorías. También en resarcir diseños de proyectos arquitectónicos no consumados, como los del arquitecto británico Norman Foster (quien cobró 10,6 millones de un total de 13 que reclamó por dos edificios de 12 proyectados). Otros 27,3 millones se han gastado en pagar a constructoras. En esta cantidad se incluyen 6,4 millones de indemnizaciones a proveedores decretados por jueces; otros 11,4 millones por rescisiones anticipadas de contratos, dos por pago de intereses, y al menos otros cuatro por lucro cesante.

Los 130 millones inyectados al Campus de la Justicia -publica El País- salieron de la venta de dos edificios judiciales de carácter público, por valor de 76 millones de euros; tres partidas de ocho millones aprobados por el Gobierno regional y, de otros 20 millones más pedidos al Ejecutivo central, más otros 10 millones aportados por el Gobierno central.

En 2008, el Gobierno de Madrid decidió paralizar el proyecto definitivamente. Éste había sido presupuestado en unos 500 millones y entonces se decidió frenarlo en plena crisis con el argumento de no malvender los seis edificios judiciales con los que se pretendía pagar la inversión.

Pese al parón, hasta 2012 se siguió pagando personal de una plantilla que poco a poco se fue reduciendo hasta que Ignacio González, entonces vicepresidente, decide echar el cierre y liquidar la Ciudad, no sin antes contemplar una Ciudad Judicial menos ambiciosa. En la actualidad, Madrid soporta el pago todos los meses de 12.000 euros, en concepto de vigilancia del secarral del Valdebebas, próximo al aeropuerto y a Ifema.

Cifuentes estudia empezar "desde cero"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, esperará a conocer el informe de la Abogacía de la Comunidad de Madrid para tomar una decisión sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia 'heredado' del anterior Gobierno regional, tras el cual decidirá "seguir adelante o empezar de cero buscando un proyecto consensuado entre todas las partes implicadas y con el apoyo del resto de las fuerzas políticas".

En una rueda de prensa tras reunirse el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, Cifuentes ha tratado otros temas de la actualidad política, entre los que se encuentra el Campus de la Justica. Así, ha reconocido que el Ejecutivo autonómico está teniendo "diferente proyectos" para gestionar tanto la Ciudad de la Justicia como el anterior, llamado Campus de la Justicia y que no llegó a realizarse por la crisis económica.

"En aquel momento se habían realizado inversiones y lo único viable que salió hacia delante es el Instituto Anatómico Forense, que está prácticamente concluido. El resto se tuvo que parar y es evidente que se provocó un cierto agujero económico. Desde mi Gobierno se está ultimando la liquidación de esa sociedad, un paso absolutamente imprescindible porque se consideró que estaba ya finiquitada pero estamos dando una cobertura legal para acabar definitivamente con esa sociedad y empezar de cero", ha esgrimido.

"En el próximo Consejo de Gobierno o en el siguiente se verán los informes jurídicos que ha elaborado la Abogacía de la Comunidad. Es un proyecto que no está adjudicado definitivamente pero nos coloca en una situación de tener que tomar dediciones, de seguir adelante o empezar de cero o buscar un proyecto consensuado entre todas las partes implicadas buscando el apoyo del resto de las fuerzas políticas", ha destacado Cifuentes.