Euskadi y Cataluña se unen para luchar contra la liberalización comercial de Rajoy
Los gobiernos del País Vasco y Cataluña han hecho un frente común para luchar contra las medidas de liberalización comercial que viene promoviendo con diferentes leyes el Gobierno de Rajoy. Sostienen que dichas leyes ponen en peligro al pequeño comercio y miles de puestos de trabajo, además de invadir las competencias autonómicas.
Para dar más fuerza a esta iniciativa, Euskadi y Cataluña destacan que concentran el 21,8% de las empresas del sector, el 19,4% del empleo y el 21,8% de los establecimientos. Para los gobiernos de estas dos comunidades autónomas el modelo comercial que propugna el gobierno del PP se encamina a destruir el 'comercio urbano', que además de su repercusión económica y de empleo, también tiene implicaciones de vertebración urbana.
El director general de Comercio de Catalunya, Josep María Recasens, el director general de Comercio del Gobierno Vasco, Jon Zarate, firmaron ayer lo que han denominado la 'Declaración de Barcelona' en defensa del modelo del comercio de proximidad. Invitarán a otras Comunidades Autónomas a sumarse a la declaración.
La Declaración afirma que el Gobierno de Mariano Rajoy 'aprovechando la situación de mayoría absoluta que lo sustenta y sin consenso alguno, está llevando a cabo, mediante una imposición feroz, políticas para desmantelar el modelo comercial actual en el que conviven, con cierto equilibrio, los distintos formatos comerciales'.
Constatan que la crisis económica, la reducción del consumo y los cambios de hábitos de compra de los consumidores está penalizando más a determinadas formas comerciales. Entre las reformas legales ya aprobadas y las que están en fase de hacerlo auguran que se quiere configurar 'un modelo comercial que comporta inexorablemente la destrucción del modelo del comercio urbano, creador de empleo y generador de economía, y la desertización de pueblos y ciudades'.
Asimismo, acusa al Gobierno del PP de ampararse en la supuesta aplicación de la Directiva de Servicios en el Mercado Interior (DSMI), desde una 'interpretación sesgada' laminan las competencias reconocidas a las Comunidades Autónomas. Reiteran que son las Comunidades las que 'tienen la competencia exclusiva sobre la ordenación de la oferta comercial', pero el Gobierno central está invadiendo sus competencias con reformas encubiertas, claramente recentralizadoras, con la excusa de la crisis económica.
Recabar apoyos
La Declaración de Barcelona cuenta además con el apoyo de las principales organizaciones comerciantes del País Vasco y Cataluña: Confederació de Comerç de Catalunya; Pimec Comerç; Euskaldendak (Confederación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicio de Euskadi); Plataformas de Comercio Urbano y Euskomer (Confederación Vasca de Comercio).
Ambos gobiernos ofrecerán el manifiesto al resto de Comunidades Autónomas, así como a las entidades representativas del sector para consensuar un posicionamiento común en materia de ordenación comercial. También se ha acordado complementar el documento con nuevos datos y argumentos sobre los efectos de la normativa promovida por el Gobierno Central en la sociedad.
Legislación controvertida
La colección legislativa del Ejecutivo Central que, según Euskadi y Cataluña, afectan negativamente el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas se extiende por cinco iniciativas, la mayoría de las cuales ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por las Comunidades autónomas.
1- Real decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que afecta diferentes aspectos de la regulación comercial y competencias de las Comunidades Autónomas cómo es la regulación de los horarios comerciales y de las diferentes modalidades de venta. [Amplia horarios, establece zonas turísticas de libertad total y elimina los periodos de rebajas]
2- Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas, para la mejora del funcionamiento, sobre la regulación de la cadena alimentaria, que afecta el ámbito competencial de inspección y control de las Comunidades Autónomas a favor de una Agencia de Inspección y Control Alimentario de nueva creación.
3- Plan Integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista de España 2013 y anteproyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, que incide en competencias de diferentes ámbitos otorgadas a estos órganos. [Nueva jerarquía de las Cámaras de Comercio respecto de la Cámara de España, convirtiéndolas en parte de la administración periférica del Estado y dotándolas a su vez de competencias para tramitar directamente las distintas ayudas o subvenciones, con independencia de las políticas de las comunidades autónomas]
4- Anteproyecto de Ley por el cual se modifica la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, que incide en la potestad sancionadora autonómica. [las CC.AA solo podrían sancionar, no definir la normativa, ni cómo se aplica]
5- Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado, sobre la concesión de licencias para la implantación de empresas y la creación de una nueva estructura que aglutine el control sobre la regulación de la actividad económica. [creen que se crearán 'paraísos administrativos' en las comunidades más permisivas con las licencias de 'autoridad de origen', en detrimento de la protección de los intereses generales (medio ambiente y sostenibilidad, salud, seguridad, desarrollo urbanístico equilibrado,?). Se someterá a tutela las actuaciones de los Gobiernos autonómicos mediante órganos como Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; o el Consejo para la Unidad de Mercado, Conferencias Sectoriales y Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Autonómicos].