El PP pide que Gobierno y el resto de Administraciones vascas que además de pagar a los proveedores exijan que éstos paguen a sus subcontratistas
El portavoz del PP en el Parlamento vasco, Anton Damborenea, solicitará al Gobierno vasco, a las Diputaciones y a los Ayuntamientos que en los pliegos de condiciones de las obras públicas se exija el pago a los subcontratistas como paso previo al cobro de las siguientes certificaciones de obra. De esta forma quieren que se evitar que los subcontratistas, que en muchos casos son los que realizan los trabajos, se queden sin cobrar.
La petición del PP se tramitará mañana en el pleno, a través de una Proposición no de Ley. Damborenea reclamará que no se hagan 'efectivas las sucesivas certificaciones de obra mientras el contratista principal no acredite que ha pagado a las subcontratas'.
El parlamentario 'popular' constata de que a pesar de que las Administraciones vascas son de los 'mejores pagadores' en sus adjudicaciones, esos pagos en la mayoría de las ocasiones 'no llega a quien realmente ha realizado o está realizando la obra pública'.
Según indica Damborenea, estamos asistiendo a adjudicaciones a constructoras más o menos grandes, que hacen de intermediarias, es decir, 'se adjudican los contratos públicos, algunas veces a la baja, incluso temeraria, pero no tienen capacidad real de llevarla a efecto'. Para ello, explica, subcontratan a empresas medianas y pequeñas 'que no tienen más remedio que aceptar sus condiciones. El hecho es que hoy hay empresas vascas que cobran a 180 días, en el mejor de los casos, realizando obra pública'.
Es por ello que el PP plantaa como una 'buena solución' que las administraciones vascas 'no hagan efectivas las sucesivas certificaciones de obra mientras el contratista principal no acredite que ha pagado a los subcontratistas', o bien que en los pliegos de condiciones de contratación las administraciones puedan pagar directamente a quien hace la obra y cumple con los convenios laborales vigentes en el País Vasco.
'Queremos garantizar ?insiste- que quien realmente realiza el trabajo lo cobra, evitando de esta manera que la parte más débil de la cadena sufra las consecuencias de las lagunas existentes en las contrataciones con la Administración Pública'.