El Tribunal de Cuentas critica la gestión del Museo Marítimo Ría de Bilbao
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) difundió ayer un informe sobre la fiscalización de la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao, desde su fundación en 2003 hasta el cierre del ejercicio 2009, en que las conclusiones son demoledoras. El museo lo gestiona una fundación privada, pero cuyos patronos y principales financiadores son públicos.
El organismo fiscalizador señala como inicialmente las obras del museo se presupuestaron en 4,244 millones, pero su realización se elevó hasta los 5,821 millones, a los que se suma la adecuación de los muelles por valor de 1,292 millones.
A continuación se sucede una larga lista de incumplimientos legales o irregularidades en materia de subvenciones y su contabilización, selección de personal, adjudicaciones de contratos, así como en el registro de patronos.
Al estar el museo en pérdidas desde su inauguración, el TVCP recomienda aportar más fondos y buscar otras fórmulas de gestión.
Desde mayo de 2007 los principales financiadores del Museo son el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya, la Cámara de Comercio de Bilbao y la Autoridad Portuaria de Bilbao. El organismo fiscalizador critica que el registro de fundaciones no tiene las actas del museo de los años 2003 y 2004 y que tampoco se han registrado los nombramientos ni ceses de patronos ni la otorgación de poderes.
Laboral y adjudicaciones
En materia de personal el Tribunal cuestiona la falta de documentación existente para poder verificar que la selección se hizo en base a criterios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. El Museo cerró 2009 con una plantilla de 8 personas, pero en 2003 llegó a dar empleo directo hasta 38 personas.
También recoge como entre 2004 y 2008 tuvo a un funcionario del Ayuntamiento de Bilbao desplazado como coordinador general de la fundación, cobrando la misma retribución que en el Consistorio, pero no se realizaron sus cotizaciones a la Seguridad Social.
Por lo que se refiere a las adjudicaciones de contratos, el Tribunal señala que al ser una entidad que se financia con fondos públicos debiera haber cumplido los requisitos de publicidad y concurrencia. Constata como en 7 de los 9 contratos analizados, por un valor de 1,8 millones, no se siguieron tales principios. Tampoco en la adjudicación de la cafetería.
Gestión económica
El organismo fiscalizador alerta sobre la inadecuada o insuficiente justificación de aplicación de las subvenciones recibidas, lo que en el futuro podría implicar reclamaciones y exigencias de reversión.
En este contexto menciona que la Fundación no comunicó al Gobierno vasco las subvenciones recibidas en 2002 por el Ministerio de Cultura pese a ser concurrentes.
El Tribunal constata que desde su apertura el Museo registra pérdidas, por lo que sus fondos propios, aunque aún se mantienen en niveles positivos, de cara al futuro no ueda asegurado su funcionamiento. En este contexto, el organismo fiscalizador recomienda que se analice si conviene a efectos de gestión que se mantenga la forma jurídica de fundación y que se contemple la necesidad de dotar con nuevos fondos al museo para garantizar su viabilidad futura.