Euskadi planteará a Madrid aplazar el pago en la devolución de los 435 millones
El Gobierno vasco y las tres Diputaciones Forales plantearán a Madrid aplazar el pago de los 435 millones del IVA del 'Caso Rover' que el Supremo ha dicho que se deben devolver al Gobierno central. Quieren pagar a partir de 2012 y hacerlo en cinco años.
Los 435 millones equivalen al 3,7% de los ingresos fiscales vascos previstos para 2011, que en conjunto se calculaban que iban a ascender a 12.500 millones.
Desde las Administraciones vascas las primeras valoraciones de urgencia sobre la sentencia es que supone 'un duro golpe' para las cuentas públicas vascas. El diputado general de Álava, Xabier Agirre, ha señalado que la sentencia'lesiona gravemente los intereses' de todo el País Vasco, al implicar disponer de menos recursos financieros para hacer frente a los gastos.
Esta es la primera vez que el Tribunal Supremo contradice un dictamen de la Junta Arbitral del Concierto Económico, órgano que dirime las discrepancias fiscales entre las administraciones central y vasca. En 2009 la Junta Arbitral ordenó al Gobierno central a revertir a las Administraciones vascas los 435 millones que había recaudado en concepto de IVA Exportaciones a la compañía Rover por los vehículos exportados entre 1990 y 2005 desde el 'puerto seco' de la localidad alavesa de Araia.
El alto tribunal, considera que la posición inicial mantenida por la Agencia Tributaria era la correcta, por lo que ordena dar marcha atrás sobre la decisión inicial de la Junta Arbitral.
Pago a plazos
En una reunión de urgencia esta misma mañana, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Carlos Aguirre; y los tres diputados de Hacienda, José María Iruarrizaga (Vizcaya), José Luis Cimiano (Álava) y Pello González (Guipúzcoa); han analizado las consecuencias de que el Supremo haya determinado que los 435 millones del IVA Exportaciones de la compañía Rover tenía que revertirse a la Agencia Tributaria. La primera conclusión es que no recurrirán la sentencia, por lo que procederán al pago.
La segunda es cómo efectuar ese pago sin que castigue fuertemente a las instituciones vascas, ya que los presupuestos para 2011 se hicieron contando con dichos recursos.El sistema interno de financiación de la Comunidad Autónoma vasca establece que los que recaudan las tres Haciendas Forales han de repartirse entre el Gobierno (que se queda con la mayor parte) y las Diputaciones Forales, las que a su vez han de transferir una parte significativa a los Ayuntamientos de cada territorio.
Para evitar que la devolución obligue a cambiar los presupuestos de todas las Administraciones, la parte vasca trasladará a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, la propuesta de aplazar el inicio del pago al ejercicio presupuestario de 2012 y realizar los abonos en un periodo de cinco años.
Este tipo de propuestas no son nuevas, el propio Ministerio, cuando en 2009 recibió la orden de la Junta Arbitral (órgano que dirime las discrepancias fiscales entre las Administraciones vasca y central) propuso realizar el pago en dos plazos, uno de 138 millones en el ejercicio 2009 y los 297 millones restantes en 2010. Asi se hizo.
Otras discrepancias económicas
El 'caso Rover' no es la única diferencia entre las administraciones vascas y central en materia de Concierto Económico. La discusión de los 435 millones corresponde al apartado de ingresos, pero en materia de gastos Madrid y Vitoria también mantienen divergencias.
El Concierto Económico vasco establece que Euskadi debe abonar cada año una cantidad o cupo al Estado en concepto de los servicios presta en Euskadi por las competencias no transferidas. La cantidad a pagar se fija desde los Presupuestos Generales del Estado y para 2011 el cupo vasco es 1.242 millones.
La ejecución de estos pagos se rige por un complicado sistema de relaciones financieras entre el País Vasco y Madrid y en ocasiones se plantean discrepancias. En la actualidad las Administraciones vascas mantienen diferentes posiciones en cuanto a la liquidación definitiva del cupo correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 20010, que probablemente se reeditará en 2011. Madrid reclama 60 millones de euros a las Administraciones vascas por diversos conceptos, que éstas no comparten.