La grieta invisible de la caja única

Hay grietas que no se ven… hasta que duelen. Como hay días en los que la historia no hace ruido, pero deja marca y el martes pasado fue uno de esos días. Sin titulares ni ruedas de prensa. Apenas una reunión en Moncloa. Unas transferencias técnicas. Una línea más en el Boletín Oficial. Pero, como quien descuelga un cuadro sin avisar, se vació de contenido un pedazo más del Estado.

Lo digo con plena conciencia profesional: como técnico superior de la Seguridad Social, formado durante años en la defensa de un modelo basado en la unidad de caja, la igualdad de derechos y la solidaridad interterritorial, lo ocurrido no puede entenderse como un acto menor ni como una simple cuestión administrativa.

¿Qué se ha cedido?

El Gobierno ha acordado con el Ejecutivo vasco transferir la gestión de cuatro prestaciones no contributivas de carácter familiar, así como la gestión del seguro escolar. En concreto: la ayuda por hijo a cargo, el subsidio por nacimiento o adopción en caso de parto múltiple y otras similares. La Lehendakaritza asumirá directamente estos pagos, aunque los fondos seguirán siendo estatales.

Estas prestaciones, valoradas en cerca de 100 millones de euros anuales, se descontarán del Cupo vasco. No son contributivas. No es el desempleo. Ni las pensiones. No, aún no, pero la carga simbólica es enorme: se ha cedido la llave.

Lo dijo el lehendakari Imanol Pradales: "Tras 46 años cerrada, la puerta de la gestión de la Seguridad Social empieza por fin a abrirse."

Y lo simbólico, en política institucional, suele ser más determinante que lo tangible. Aquí, lo simbólico es la ruptura del principio de exclusividad estatal en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, consagrado en el artículo 149.1.17 de la Constitución. Lo inquietante no es solo que se haya abierto una puerta, sino que quizá acabemos descubriendo que no era una entrada, sino una salida.

Arquitectura en peligro

No se trata de alarmismo. Se trata de rigor constitucional.

Ese artículo reconoce la competencia exclusiva del Estado en legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, si bien permite la ejecución por parte de las Comunidades Autónomas siempre que no se comprometan la unidad del sistema, la titularidad estatal de los recursos ni la igualdad en el acceso a las prestaciones.

El Tribunal Constitucional ha sido claro. En sentencias como la STC 124/1989 o la 195/1996, estableció que la gestión autonómica no puede generar desigualdad, duplicidad o desvertebración institucional.

Entonces, ¿puede un sistema seguir siendo único si se gestiona de forma fragmentada? ¿Qué ocurriría si —como ya sucedió con la sanidad— los ciudadanos empiezan a percibir derechos distintos en función del territorio?

Cinco asociaciones de altos funcionarios de la Seguridad Social, entre ellas la ATASS, de la que soy miembro, lo han advertido: Ceder la ejecución es romper la lógica del sistema.

Y hacerlo sin informe público, sin debate técnico, sin diálogo con quienes conocen y sostienen el sistema desde dentro, es una irresponsabilidad histórica.

Como señaló la propia ATASS: "Si se cede el pago, se abre la puerta a un sistema desigual, territorializado, desarticulado".

Un precedente institucional

Lo acordado hoy es jurídicamente limitado y presupuestariamente modesto, pero institucionalmente trascendental.

Desde fuera, puede parecer un trámite técnico menor. Desde dentro, sabemos que es la primera cesión material del régimen económico de la Seguridad Social, aunque sea en su capa más superficial.

No es un gesto aislado. Es parte del acuerdo político firmado con el PNV para asegurar la investidura de Pedro Sánchez.

Un acuerdo que contempla, a medio plazo, la cesión completa del régimen económico al País Vasco. Y eso supondría romper definitivamente los principios básicos del sistema: la centralización financiera, la igualdad de derechos y la gestión unitaria.

Pero hay algo más. Algo más grave.

Este gesto revela la perversión de la democracia: cuando las instituciones del Estado se utilizan, no al servicio del interés general, sino como moneda de cambio para asegurar mayorías parlamentarias.

Cuando se sacrifican principios estructurales del Estado —como la unidad de caja o la igualdad de trato— para sostener una legislatura, se deja de gobernar en clave constitucional para hacerlo en clave de supervivencia.

Y eso debilita los cimientos mismos de la democracia representativa.

Epílogo desde dentro

Desde dentro sé que no hay margen para la ingenuidad, porque desde dentro he visto cómo la Seguridad Social se sostiene cada mes sobre una red invisible pero robusta: servidores, reglas contables, bases de datos cruzadas, normas y algoritmos que no entienden de fueros, censos ni privilegios, un sistema donde una viuda de Jaén y un parado de León cobraban su prestación en las mismas condiciones que uno de Bilbao o de Murcia.

Eso era España. Eso era lo común.

Y hoy hemos dejado de serlo un poco.

La unidad de caja —que es mucho más que una metáfora— solo se sostiene si hay también unidad de gestión, de datos, de reglas, de procedimientos, de responsables.

Porque la caja única —esa que ha garantizado que un pensionista de Soria y una madre soltera de Almería reciban lo mismo que otro ciudadano en Vigo— ya no está intacta. Ya hay manos distintas abriendo cajones. Y cuando eso ocurre, por mucho que se conserve la cerradura, lo que está dentro empieza a perderse.

Porque las cajas no siempre se rompen de golpe; a veces basta con una esquina. Y esa esquina se fracturó el martes.

Como advirtió Claudio Magris, las patrias se deshacen cuando se convierten en privilegios. Y hoy, al privilegiar lo singular sobre lo común, no solo se ha resquebrajado una caja: se ha abierto una grieta en el principio de igualdad que nos sostenía como país.