Opinión
Estrategias de adaptación en precios de transferencia frente a los aranceles de EEUU
Claudia Benito Martín, gerente en el área de Precios de Transferencia de BDO Abogados
En un entorno global cada vez más incierto, los aranceles impuestos por Estados Unidos son un factor determinante para las empresas internacionales, afectando al coste de los productos importados, precios de transferencia, rentabilidad y cumplimiento fiscal. Para las empresas españolas, tanto con filiales o clientes con presencia en EEUU, entender estos impactos puede proporcionar una ventaja competitiva.
La reciente política estadounidense ha incrementado el coste de los bienes importados, lo que obliga a revisar con lupa las políticas de precios de transferencia. Por ejemplo, cuando las empresas estadounidenses importan componentes de sus filiales en España, el aumento en el coste de adquisición reduce el margen del distribuidor.
Los aranceles impuestos por EEUU y sus efectos podría tener importantes consecuencias para la Hacienda española. Un claro ejemplo es la reducción de exportaciones y beneficios. El aumento en el coste de los productos españoles en el mercado estadounidense disminuye su competitividad, lo que impacta negativamente en las ventas y, consecuentemente, en la recaudación del Impuesto de Sociedades. Además, puede llevar a una presión significativa sobre los márgenes y precios de transferencia, donde algunas empresas españolas puedan verse obligadas a absorber parte del arancel con el objetivo de mantener su cuota de mercado, lo que reduce su rentabilidad y su base imponible en España. En este contexto, surge la pregunta crítica: ¿quién debería asumir el sobrecoste resultante de tales medidas, el fabricante, el distribuidor, o ambos?
Frente a esta situación, las empresas españolas deben tomar varias medidas estratégicas. Primero, es esencial garantizar que la política de precios de transferencia esté actualizada y refleje adecuadamente las funciones, activos y riesgos de cada entidad, con base en cómo negociarían partes independientes. Además, contar con la documentación adecuada para respaldar los ajustes relacionados con los aranceles es crucial; cualquier modificación derivada de estos debe justificarse con evidencia clara, y si los costes se reparten entre entidades, debe explicarse el criterio económico que lo respalda.
Los análisis económicos necesitan adaptarse al nuevo contexto comercial para garantizar su validez. En este sentido, es recomendable revisar si el uso de datos plurianuales sigue siendo representativo o si es necesario actualizar dicho enfoque. Del mismo modo, los acuerdos intragrupo y APAs deben estar alineados con la situación actual, ya que las condiciones críticas pueden haber cambiado.
Es de vital importancia optimizar la cadena de suministro para hacer frente a los nuevos aranceles. Una evaluación de la estructura actual puede identificar oportunidades de mejora, y considerar la reestructuración de la cadena o la búsqueda de proveedores alternativos puede ayudar a reducir costes y minimizar riesgos fiscales.
Contar con una estrategia fiscal dinámica y mecanismos de seguimiento es esencial para adaptarse a nuevos escenarios sin comprometer la seguridad jurídica, especialmente dado que los aranceles pueden cambiar rápidamente.
Algunas empresas españolas respondieron a tiempo ante la implementación de estos aranceles mediante una serie de medidas tácticas. Entre estas acciones se incluía la aceleración de importaciones antes de la entrada en vigor de los aranceles, la acumulación de inventario o incluso detener temporalmente la producción. Si bien estas decisiones son necesarias, también conllevan implicaciones fiscales significativas.
Aunque los aranceles son una medida unilateral de EEUU, la repercusión alcanza ambos lados del Atlántico. Para la Hacienda española, estos aranceles representan una amenaza indirecta a la recaudación fiscal y al crecimiento económico. Para las empresas españolas con operaciones en EEUU, representan un reto operativo, fiscal y estratégico que no puede ser pasado por alto. Si bien un tribunal estadounidense dictaminó recientemente que el presidente no puede imponer aranceles de forma unilateral, esa decisión fue suspendida por una corte de apelaciones. Como resultado, los aranceles siguen en vigor mientras se resuelve el proceso judicial, lo que añade una capa de incertidumbre legal que afecta directamente a las empresas, dificultando su capacidad de planificación y adaptación estratégica.
La clave radica en la proactividad. Es esencial que las empresas revisen sus políticas de precios de transferencia, mejoren la documentación, adapten los acuerdos intragrupo y evalúen cómo los cambios afectan su rentabilidad. Solo así podrán mitigar los riesgos y preservar su competitividad en un entorno comercial que se vuelve cada día más incierto.