La importancia del periodismo jurídico y su incidencia en el derecho de familia

El día 16 de junio del presente año, ha tenido lugar la XIV Edición de "Los Premios Puñetas". En este evento emblemático, organizado por la Asociación de Comunicación e Información Jurídica (ACIJUR), se reconoce la eficiencia en la difusión de información jurídica, por parte de diferentes profesionales, instituciones o colectivos, a fin de mejorar el Sistema de Justicia y el Estado de derecho.

En este sentido, ACIJUR ha demostrado ser un pilar fundamental en la difusión del conocimiento jurídico en España, al conseguir exponer las novedades legales de una forma técnica y, a su vez, comprensible para cualquier ciudadano, en aras de favorecer el debate público y enriquecer la participación democrática.

Por ello, en este acto, ACIJUR ha querido galardonar con el Premio 'Puñetas de Oro' a Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por su gran aportación como "influencer" en redes sociales, al compatibilizar un sólido razonamiento judicial con un lenguaje accesible para el público, reivindicando en sus sentencias el uso de una técnica legislativa que evite los laberintos interpretativos.

Al hilo de lo anterior, cabe destacar el papel de los informadores y comunicadores jurídicos, especialmente en lo que respecta al ámbito del derecho de familia y sucesiones, teniendo en cuenta que estos asuntos mueven cerca de tres millones de personas al año, lo que equivale al 25% del total de procedimientos incoados en nuestro país.

Así, ACIJUR, en consonancia con su compromiso de acercar el mundo jurídico a la ciudadanía, no solo facilita que se tomen decisiones adecuadas en momentos cruciales, sino que también fortalece la confianza en el sistema jurídico, reduciendo, en última instancia, el número de procedimientos de familia derivados de una toma de decisiones realizada desde el desconocimiento o de una mala interpretación de la realidad legal.

En definitiva, la labor de ACIJUR y de los profesionales dedicados a la comunicación jurídica en el ámbito del derecho de familia y sucesiones, se presenta como un elemento vital, que dota a la sociedad de un verdadero conjunto de herramientas que permiten a los ciudadanos sentirse protegidos en uno de los ámbitos más cotidianos y relevantes de sus vidas, como lo es el familiar.

La realidad, es que el papel de los informadores y comunicadores jurídicos no se limita solamente a la difusión de información, sino que adquiere una dimensión esencial de denuncia y transformación social, de forma que se garantice que la ciudadanía no solo conozca sus derechos, sino que también pueda influir en la construcción de un entorno jurídico verdaderamente adaptado a sus necesidades. Un ejemplo revelador es el de los procedimientos relacionados con el MASC en el ámbito del derecho de familia: consideremos el caso en el que uno de los progenitores se viera obligado a acudir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria en aras de lograr una autorización judicial que le permita escolarizar al menor en un centro educativo antes del comienzo del curso.

En este contexto, y a pesar de la urgencia con la que debería tratarse dicho procedimiento, nos encontramos con la inadmisión de la demanda por parte del juzgado, fundamentada en el hecho de no haber acudido previamente a los procedimientos establecidos por MASC.

Lo anterior, implicaría que un asunto que en condiciones normales podría haberse resuelto en pocas semanas, se prolongue hasta el punto de que, para cuando se obtenga una autorización judicial, haya transcurrido el plazo para que el progenitor demandante pueda completar la matrícula.

Precisamente este tipo de trabas relacionadas con la aplicación de la legislación reguladora de los MASC en el ámbito del derecho de familia ha sido ya denunciada por parte de distintos comunicadores jurídicos. Este ejemplo pone de relieve el impacto real (en ocasiones muy negativo) que tienen determinadas reformas legislativas en sus destinatarios, y la importancia imperante de que los informadores jurídicos denuncien y difundan tales situaciones.

Por ello, la finalidad de esta función, es que tanto los órganos jurisdiccionales, concretamente nuestro Tribunal Supremo, -que será en definitiva el encargado de sentar la jurisprudencia que determinará las soluciones finales a los conflictos familiares a los que se enfrenta la sociedad actual-, así como el legislador y el resto de operarios, sean plenamente conscientes de las dificultades prácticas que enfrentan los ciudadanos, y de la necesidad de ofrecer soluciones inmediatas en asuntos relacionados con el derecho de familia. En definitiva, el periodista jurídico desempeña una labor compleja, ya que debe contar con sólidos conocimientos técnicos en derecho y, al mismo tiempo, emplear un lenguaje accesible para que los lectores sin formación especializada puedan comprenderlo.

En este sentido, cabe hacer especial mención a Xavier Gil Pecharromán, presidente de ACIJUR, cuando establece que "el gran papel de ACIJUR es el del acceso a los profesionales del periodismo jurídico y de la formación continua".

Además, según el presidente, esta es la vía para garantizar medios de comunicación que ofrezcan información de calidad y técnica, permitiendo que cualquier persona, "lego" en derecho, pueda entender cuestiones jurídicas que inciden decisivamente en la eficacia del servicio público, ya sea en la vía judicial o extrajudicial. El periodismo jurídico actúa como testigo y registrador de los hechos, desempeñando un papel esencial en la transparencia, la denuncia y la protección de los derechos ciudadanos.

___________________________

(*) En colaboración con Silvia Fernández Donoso e Inés López Acosta.

g