Los pobres no pagan impuestos

El Gobierno ha anunciado una ayuda económica para la adquisición de gafas y lentillas destinada a menores de 16 años con problemas de visión. Se trata de una prestación directa y universal, esto es, igual para todas las familias, sea cual sea su nivel de renta.

La verdad es que el anuncio me planteó varias reflexiones. La primera, y más importante, es hasta dónde el Estado ha de intervenir. Creo, sinceramente, que uno de los principales objetivos de cualquier gobierno es el de reducir la pobreza, y, en general, los diferentes supuestos de vulnerabilidad. Pero reducirla no es solo dar ayudas públicas, sino garantizar un trabajo digno que permita una vida digna, es decir, un empleo que asegure una vida sin dependencia económica de terceros, en particular, del Estado. De lo que se trata es de conseguir la inserción social de los marginados a través de un trabajo y un salario dignos.

Es cierto que el Estado ha de garantizar el acceso a los bienes o servicios que se consideran básicos, como la sanidad, la educación o la vivienda. Pero garantizarlos no significa, por ejemplo, que el Estado este obligado a proporcionar una vivienda digna a quien no pueda pagarla, sino que promueva el marco social, jurídico y económico necesario que permita que el ciudadano acceda a esa vivienda digna a través de un salario digno.

Por citar otro ejemplo, una cosa es el acceso universal a la salud, y otra, muy distinta, que su coste lo financie íntegramente el Estado. La ayuda no es, pues, nunca la solución. Lo es, eso sí, garantizar a todos que el acceso a bienes o servicios esenciales no sea un problema económico para ninguna familia. Eso es proteger el bien común. La ayuda, eclipsa el verdadero problema.

Pero, además, tenemos un problema de concepto importante. La clave no está en un sistema fiscal con tipos muy progresivos, sino en que las políticas de gasto sean lo más progresivas posible. Por ello, las políticas selectivas son las que mejor garantizan una verdadera redistribución de la riqueza.

En consecuencia, las políticas universales no son el mejor antídoto para reducir significativamente las desigualdades. Personalmente, no creo que deba contribuir a cubrir el coste de unas gafas a un menor de 16 años integrante de una familia, digamos, rica.

En cambio, sí considero un ejercicio de solidaridad contribuir a garantizar a esos menores una vida digna, incluidas las gafas, siempre que pertenezcan a una familia en situación de vulnerabilidad.

Además, la verdadera progresividad en el ingreso significa que quien más renta obtiene, más paga de impuestos en términos absolutos y relativos, en el bien entendido que por impuestos considero todos los que en un año hemos de soportar. No solo el IRPF.

Todos. Si se hace este ejercicio, se observa que, en las rentas más altas, la progresividad se transforma en regresividad. Además, las políticas universales tienen un coste mucho mayor que las selectivas.

Al dirigirse a todas las familias, su importe es mucho mayor que si se dirigieran a tan solo unas familias determinadas. Dado que el coste es mayor, la necesidad de ingresos es también mayor.

Pero, además, las ayudas públicas son un pozo sin fondo. Se empieza con una y, poco a poco, se van generalizando. El problema es que una vez que se abre el melón de los derechos, todos nos creemos con derecho a alguno de ellos. Y ahí estamos: ingreso mínimo vital, renta mínima de inserción, bono cultura, bono alquiler joven, bono transporte público, bono social eléctrico, cheque bebé, y un largo etcétera.

Curiosamente, nadie de los Gobiernos que hemos tenido hasta hoy se ha preocupado de analizar si las ayudas son eficaces, esto es, si han producido o no el resultado esperado.

Ya les avanzo que no mucho. Pero ahí están. Nadie se ha planteado, tampoco, la posibilidad de sustituir todas esas ayudas por una sola dirigida a garantizar, con carácter temporal, unos ingresos mínimos a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. De hecho, me he llegado a preguntar si a los políticos les preocupa realmente la pobreza. Que yo sepa, no hay ningún censo de pobreza. Sin embargo, sí que hay un censo para controlar que todos paguemos. Sin embargo, no existe un censo para localizar nominalmente a los más vulnerables y hacerles llegar la ayuda correspondiente.

La verdad es que las ayudas no llegan a todos sus destinatarios. Por otra parte, se inspecciona a quienes se presume que no han cumplido con Hacienda, pero no se inspecciona a quienes reciben ayudas para averiguar si cumplen de verdad con los requisitos que se exigen. Nos preocupa recaudar, pero no parece que nos preocupe identificar a quienes lamentablemente no tiene ingresos que declarar ni nada que pagar.

Quien es pobre, pobre, dudo que alcance de verdad la categoría de contribuyente. Nadie ha pensado, por ejemplo, en la obligación universal de presentar la declaración del IRPF como única forma de conseguir tener un censo global y único de todas las personas, y como requisito imprescindible para cobrar cualquier ayuda.

Nos olvidamos, además, de que, mientras muchos ciudadanos pierden poder adquisitivo, el Estado y las diferentes Administraciones Públicas se enriquecen con la inflación y con todas aquellas crisis que tienen como consecuencia un aumento de los precios y del IVA. En fin, menos ayudas y más trabajo digno. Eso sí que es contribuir al bien común.