Opinión

Acerca de la 'soberanía sobre los datos personales'

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Javier Puyol /Magistrado y letrado del Tribunal Constitucional en excedencia. Socio director de Puyol Abogados

El impacto de la geopolítica y la soberanía digital en relación con la protección de datos personales ha adquirido una importancia crítica en la última década, marcada por tensiones crecientes entre las potencias globales, la acelerada transformación tecnológica, y, el papel estratégico que juegan los datos en el ámbito económico, social y político.

Los datos personales se han convertido en un recurso de altísimo valor, comparable al petróleo en términos económicos, lo que ha llevado a los países a intentar ejercer un control cada vez mayor sobre ellos.

Este contexto ha dado lugar a conflictos de intereses entre países, ya que cada nación busca proteger su soberanía digital, garantizar la seguridad de sus ciudadanos, y mantener el control sobre los datos generados dentro de su territorio, al tiempo que intenta aprovechar las oportunidades económicas, que surgen del procesamiento masivo de datos.

En este orden de cosas, cabe indicar, que la soberanía de datos es un concepto que ha ganado relevancia en los últimos años como resultado de estas tensiones. Se refiere al derecho de los Estados a regular y controlar cómo se recopilan, procesan, almacenan y transfieren los datos personales dentro de sus fronteras, o, que pertenecen a sus ciudadanos, independientemente de dónde se encuentren estos datos, con el objetivo de proteger la privacidad de los ciudadanos, y, garantizar con ello, que los datos no sean utilizados en su contra.

Esta soberanía digital se ha traducido en la implementación de leyes que imponen requisitos estrictos sobre la localización de los datos, es decir, la obligación de almacenar y procesar ciertos datos sensibles exclusivamente dentro de un país.

La soberanía de datos en relación con los datos personales es un concepto cada vez más relevante en la era digital, en la que los datos se han convertido en un recurso estratégico de enorme valor, tal como se ha hecho alusión anteriormente.

Se basa en la premisa de que los Estados tienen el derecho y la obligación de regular el tratamiento de la información personal de sus ciudadanos para proteger la privacidad, garantizar la seguridad nacional, y, fomentar la autonomía digital. En un contexto globalizado, los datos personales no solo son fundamentales para el desarrollo económico, la personalización de servicios, y, la innovación tecnológica, sino que también tienen un impacto directo en cuestiones de seguridad, de geopolítica, y, con relación a los derechos humanos. Por esta razón, la soberanía de datos ha emergido como un tema crítico para los gobiernos, las empresas y las organizaciones internacionales.

Hoy por hoy, constituye un fenómeno habitual que los países estén tomando medidas para establecer un control más fuerte sobre los datos personales mediante regulaciones, que limitan la transferencia internacional de datos, o, que exigen la localización de datos dentro de sus territorios, y, fortalecen con ello, las normativas de privacidad. Sin embargo, esta búsqueda de soberanía digital plantea importantes desafíos, incluyendo la fragmentación del ecosistema digital global, la producción de conflictos regulatorios entre diferentes jurisdicciones, y, también la producción de mayores costes operativos para las empresas.

El concepto de soberanía de datos se fundamenta en el principio de que los datos generados dentro de un país, especialmente los datos personales, deben estar sujetos a sus leyes y regulaciones, y no a las normativas de jurisdicciones extranjeras. Este principio adquiere especial relevancia en un entorno en el que los flujos de datos transfronterizos son esenciales para la economía digital, pero al mismo tiempo presentan riesgos significativos en términos de privacidad, de seguridad, y, de soberanía nacional.

En este caso, la soberanía de datos implica, que los gobiernos tienen la autoridad de regular cómo se recopila, almacena, utiliza y transfiere esta información, con el objetivo de proteger los derechos de privacidad de sus ciudadanos. Esto también se extiende a la capacidad de imponer restricciones sobre el acceso a los datos por parte de gobiernos extranjeros, o, por parte de las empresas multinacionales, y por lo tanto, constituye una herramienta esencial para garantizar, que los datos personales sean tratados de manera ética, y, al mismo tiempo, conforme a los intereses nacionales.

La soberanía sobre los datos personales se fundamenta en los elementos, como la localización de los datos, que es un componente esencial de esta soberanía, y se refiere a las regulaciones, que exigen, que ciertos tipos de datos, especialmente, los considerados sensibles o críticos, sean almacenados y procesados dentro de las fronteras de un país. Estas políticas buscan garantizar que los datos estén sujetos únicamente a la jurisdicción del país donde se generan, minimizando el riesgo de acceso no autorizado por parte de actores extranjeros, y además, las mismas tienen implicaciones significativas para las empresas globales, ya que les obliga a invertir en infraestructuras locales, y, a cumplir con normativas específicas, que pueden variar ampliamente de unos países a otros. Y, aunque estas regulaciones fortalecen la soberanía digital, también pueden limitar el comercio internacional de datos, y, dificultar la innovación tecnológica.

Un aspecto importante de la soberanía de datos es el que hace referencia a la regulación de las transferencias transfronterizas de datos personales. De este modo, los países que buscan reforzar su soberanía digital suelen imponer requisitos estrictos para la exportación de datos personales, exigiendo, que las empresas demuestren, que dichas transferencias no comprometerán la privacidad de los ciudadanos ni los intereses nacionales.

En este contexto, la soberanía de datos continuará siendo un tema clave en el debate sobre la regulación de la privacidad en el siglo XXI.