Privacidad en turismo: más allá de la figura del Delegado de Protección de Datos

El turismo, como sector global, se enfrenta a un reto constante: garantizar una experiencia fluida y personalizada para los viajeros sin comprometer su privacidad. El reciente debate en torno a la implementación del Real Decreto 933/2021, cuya moratoria para comunicar datos fue aplazada hasta el 2 de diciembre de 2024 tras numerosas quejas de hoteles y agencias de viajes, ha reavivado la discusión sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad, así como sobre la necesidad de que las empresas refuercen sus medidas de protección de datos.

En este contexto, vuelve a surgir la pregunta: ¿hasta qué punto deben las empresas fortalecer sus medidas de protección de datos y es imprescindible contar con un Delegado de Protección de Datos (DPO)?

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece que el nombramiento de un DPO es obligatorio para aquellas entidades que procesan datos de manera masiva o gestionan información especialmente sensible. En el caso de hoteles y agencias de viajes, la realidad es que la mayoría de estos negocios manejan información con fines operativos, principalmente para la gestión de reservas y servicios, sin entrar en un tratamiento a gran escala que justifique esta obligación legal.

Sin embargo, más allá de las obligaciones legales, la privacidad se ha convertido en un factor clave para la confianza del cliente. Cada vez que un viajero comparte su información, espera que esta se maneje de forma segura y responsable. En este sentido, si bien no todas las empresas del sector están obligadas a designar un DPO, contar con protocolos sólidos de protección y con profesionales capacitados en la materia es una decisión estratégica que refuerza la credibilidad de la empresa.

Para grandes compañías con presencia internacional o un alto volumen de registros, disponer de un DPO puede aportar un valor añadido, asegurando el cumplimiento normativo y actuando como referente en la gestión de la privacidad. Pero en la mayoría de los casos, más que centrarse en la designación de un puesto concreto, lo verdaderamente relevante es promover una cultura de protección de la información. Implementar medidas de seguridad eficaces, como el cifrado de datos y el acceso restringido a la información; capacitar a los equipos y garantizar la transparencia en el uso de los datos son acciones que pueden marcar la diferencia sin necesidad de estructuras complejas.

En definitiva, la regulación en materia de protección de datos debe ser una herramienta para reforzar la confianza en el sector turístico, no una carga burocrática. Más allá de si una empresa necesita o no un DPO, lo importante es que adopte un enfoque proactivo en la gestión de la privacidad. Porque en un mundo cada vez más digitalizado, la confianza de los viajeros se gana con prácticas responsables y un compromiso claro con la seguridad de su información.