Tras la DANA llega la hora de reconstruir

Soy ingeniero de formación y estoy asombrado por lo ocurrido en Valencia el pasado 29 de octubre. Me pregunto qué tendría que hacer yo si tal catástrofe hubiera sucedido en algún proyecto sobre el que tuviera responsabilidad. Resulta inconcebible que algo así pueda suceder; existen demasiados organismos públicos que ejercen un estricto control documental sobre el desarrollo de nuevos planes urbanísticos.

Cualquier responsable de este tipo de proyectos sabe que los anejos deben justificar la tipología de suelo con un estudio geotécnico, la topografía del ámbito para el encaje de la propuesta, un estudio de impacto ambiental que evalúe varios vectores sobre el entorno y un estudio de inundabilidad para determinar la disponibilidad de usos con los condicionantes de seguridad exigibles. Este último según el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) que coordina la Generalitat. Parece que todo eso no fue suficiente en el caso que nos ocupa. Y, además, no debemos olvidarlo, la validación de todos esos mecanismos de control depende de la coordinación entre Administraciones, algo que obviamente también se puso en entredicho. Pero no es mi propósito dirimir responsabilidades, espero que eso llegue en algún momento y no seré yo quien decida.

La identificación correcta de este riesgo empieza por reconocer el incidente, la posibilidad de una nueva inundación en zonas urbanas; la causa-raíz, lluvias "excepcionales" que según nos informan no lo van a ser tanto a partir de ahora; y los impactos, que creo se han puesto de manifiesto. Ante una situación así las acciones a adoptar pueden seguir cuatro tipos de estrategia: evitar, mitigar, transferir o aceptar activamente el riesgo.

La primera, evitar el riesgo, es algo deseable pero muy difícil de realizar. No es política ni económicamente viable reconocer que nos hemos equivocado y que algunos núcleos urbanos consolidados como Paiporta, Catarroja o Aldaia deberían ser trasladados porque así lo obligan las nuevas condiciones climáticas. Estas poblaciones se encuentran en zonas inundables de alto riesgo, lo que denominamos zonas de flujo preferente. La factura de tomar esta decisión sería incalculable y por tanto debemos descartarla.

La siguiente estrategia es la preferida en la mayoría de las evaluaciones de planes de respuesta: mitigar. Se trata de reducir las probabilidades de que se produzca un fenómeno de este tipo, pero claro, hoy todavía no sabemos controlar el clima así que hemos de optar por una mitigación reactiva o proactiva. En el caso actual nuestra actuación es reactiva y pasa por redimensionar la red de alcantarillado de todas las poblaciones cercanas a cauces, ríos y torrentes o que por topografía presenten depresiones inundables. Y esto, además de ser una obra faraónica, seguramente la propia configuración de las infraestructuras municipales no permite un nuevo encaje ya que resultan diámetros muy superiores y gran cantidad de ramificaciones para poder admitir un caudal de desagüe excesivo. Para tener una idea de la magnitud del nuevo dimensionamiento, un estudio anterior al episodio de la DANA muestra que la zona de Catarroja tiene una variable climática con precipitación media anual de 350 a 600 mm/m2, y recogió un episodio excepcional aislado en el año 2000 con una precipitación acumulada de 464 mm/m2 y un caudal máximo aforado en el Barranco del Poio de 538 m3/s. El 29 de octubre pasado se alcanzaron en poblaciones de la cabecera (Turís) lluvias de 184,6 mm/m2 en sólo una hora y 771,8 mm/m2 en 24 horas. Todo este caudal llegó a Catarroja produciendo registros en el Barranco del Poio, según la Confederación Hidrográfica del Júcar, de unos 2.300 m3/s. Supongo que se hacen una idea de la imposibilidad que supone hacer frente a ese tipo de avenidas en la situación actual, considerando que el cauce sólo admite 1.800 m3/s. Quizás alguien debiera preguntarse por qué no se llevó a cabo el corredor verde que debía conectar el barranco con el río Turia y que habría permitido evacuar excesos de caudal de hasta 700 m3/s (correspondientes a periodos de retorno de 500 años).

Existe un desfase entre las lluvias de diseño que se consideran para el dimensionamiento de infraestructuras de alcantarillado y las precipitaciones reales a las que nos tenemos que ir acostumbrando. Está claro que el mundo de la ingeniería civil debe realizar una actualización importante a partir de ahora, es una nueva víctima del cambio climático.

Pero existe también una mitigación proactiva, esa que a los técnicos tanto nos gusta porque no sólo permite prevenir problemas, sino que además nos da un margen de tiempo para reaccionar en caso de situaciones sobrevenidas. Y aquí no hay secretos: si queremos parar una avenida de agua, hay que laminarla en los puntos altos. Esto es, hay que construir nuevos embalses o depósitos de acumulación que eviten la evacuación masiva de agua en cauces naturales o infraestructuras de alcantarillado. Y no es algo nuevo. Salvando las diferencias, en Barcelona se hizo hace ya unos 25 años ante una problemática similar en un contexto mucho más urbano. Depósitos de aguas pluviales como el de Bori i Fontestà permiten recoger hasta 93.000 m3, evitan la saturación de sus sistemas de evacuación y permiten a la vez el reaprovechamiento para usos posteriores. Eso, a gran escala, puede asimilarse a embalses en cabecera.

A pesar de estas medidas seguirá existiendo un riesgo residual de desbordamientos aguas abajo, pero es evidente que habría más margen para reaccionar. Con un sistema de alertas sobre el nivel de llenado de estos puntos de acumulación se podría informar a las poblaciones. Y ese es el grupo de actuaciones que debe coordinar Protección Civil junto con las Administraciones Locales, quienes activan los avisos de emergencia.

Sin embargo, la estrategia preferida por la mayoría de las administraciones es la de transferir el riesgo a la población instándola a que adopte medidas en sus viviendas, pues más de la mitad de los fallecidos en el Levante español se produjeron dentro de casas o garajes. Por ejemplo, si se dejaran diáfanas las plantas bajas o se destinasen únicamente a garajes o trasteros ajenos al uso propiamente residencial, se conseguiría mayor seguridad. Se trata de una medida que ahora es difícil de aplicar, pero es responsabilidad de la Administración velar por un buen uso de los espacios basándose en el riesgo asociado. Si no se planificó bien en su momento, cuando se urbanizó, habrá que actuar sobre los edificios ya construidos.

No queda otra que tomar buena nota de lo sucedido.