Inseguridad y Fiscalidad: Mejor no hacer nada

Mejor no hacer nada. Este es el consejo que en la mayoría de los casos hemos de dar a quienes nos consultan sobre cuestiones tributarias. Desde la consulta más simple, hasta la más compleja. Ese es el consejo: mejor no hacer nada. Un consejo que paraliza decisiones, transmite inseguridad, y promueve la desconfianza del contribuyente hacia quienes le aconsejan. Esta inseguridad tiene un responsable: la deficiente técnica legislativa.

Pero no todo es imputable a ella. Una gran parte de la culpa la tiene la contradictoria interpretación que la Administración, los órganos económico-administrativos, y los tribunales jurisdiccionales, hacen de la norma.

Se nota, además, la falta de conocimiento que la mayoría de ellos tienen de la realidad, y la presión por resolver en plazos más cortos. A pesar de ello, la justicia llega tarde y nunca acaba de zanjar los problemas, sino que añade otros nuevos.

Por no servir, parece ahora que las Consultas Vinculantes que la Dirección General de Tributos resuelve, sirven también muy poco. Al menos eso es lo que algunos interpretan tras una de las últimas Sentencias del Tribunal Supremo; tribunal, por cierto, que fue el origen de uno de los mayores calvarios judiciales más sangrantes en materia de interpretación. Me refiero a la fiscalidad de las retribuciones de administradores. Más de 20 años de conflicto.

En el ínterin, la Administración primero, y los tribunales después, han sembrado importantísimas dudas en materia, por ejemplo, de investigación y desarrollo, o de operaciones de restructuración empresarial.

Años se ha tardado en solucionar la problemática en el IVA de las subvenciones al transporte público.

Qué decir tiene la problemática del IVA con las subvenciones a las televisiones públicas, todavía sin resolver. No pocas empresas dedicadas a la cultura han sufrido también pequeñas tormentas que han dejado huella. Y seguiría y seguiría con temas banales y no tan banales. El común denominador de todos ellos, y otros muchos, no es la existencia de fraude, sino de discrepancias en la interpretación de la norma. Discrepancias que tiene sus consecuencias. La problemática con el transporte afectaba de hecho al precio del billete o de la tarjeta. El de las televisiones públicas está comportando mayores recursos que las CCAA y Ayuntamientos han tenido que afrontar para cubrir las mayores necesidades de financiación de las diferentes televisiones autonómicas o municipales.

Muchos centros de cultura han tenido que vivir con el agua al cuello pendientes de una ya tardía resolución judicial. Su resultado ya no importa. El daño ya está hecho. Y el tema no es de broma. De prosperar las tesis de la Administración, algunas importantes empresas hubieran tenido que presentar concurso de acreedores.Otras empresas se ven obligadas por el auditor a provisionar las deudas que algunas empresas tienen en fase de recurso; situación que deteriora la imagen de la empresa y la estigmatiza.Para más inri, la única opción que el contribuyente tiene para defender su criterio es pagar o avalar lo que la Administración le exige. Un claro y elocuente ejemplo de la más absoluta desigualdad entre el ciudadano y la Administración.

En el ínterin, el llamado legislador, esto es, nuestros políticos y políticas, viven en un mundo distinto al que al ciudadano le preocupa. Salvo en periodo de campaña electoral, la inseguridad jurídica no es su prioridad. No es pues de extrañar, que muchos de ellos no hayan trabajado nunca como autónomos o empresarios. No conocen ese mundo. No conocen su sufrimiento; su esfuerzo. Su único problema es que los ricos no pagan. Eso sí, no nos dicen qué es ser rico, porque serlo de verdad hay muy pocos. Tan pocos, que no son la solución al problema, aunque si una parte de la misma.

La culpa de que los demás paguemos más la tienen, pues, los ricos. Ese es hoy el juguete de entretenimiento que los políticos tienen. Algunos, lo repiten siempre que pueden. Tanto, que ha calado en la sociedad. Tanto lo han repetido, que han conseguido estigmatizar negativamente la creación de riqueza. Todo lo que huela a empresario es casi sinónimo de ser un rico defraudador. Todo lo que huela a tener más de 3, 4, o 5 inmuebles, es ya ser un rentista o tenedor defraudador. Es igual que tras sus espaladas se haya invertido o creado puestos de trabajo. Da igual.

En el ínterin, las ayudas del Estado se van extendiendo cada vez más sin darnos cuenta de la dependencia del Estado que estamos promoviendo. Parece que la solución a todo no es el trabajo, sino las ayudas. Depender de ellas.

Pero vuelvo al principio. La inseguridad jurídica es ya paralizante. No asfixiante. Paralizante.

Curiosamente, la solución es muy fácil. Se llama cooperación. Eso que la Administración Tributaria tanto repite. El problema es que cooperar es sentarse a solucionar los problemas antes de que estos se produzcan, o cuando estos se detecten. Es fijar criterios interpretativos hacia adelante que fomenten la certeza y la seguridad jurídica. Es fomentar la empatía. La presencialidad. La cercanía. Es dialogar sin ideas preconcebidas. Es crear un órgano paritario integrado por sector público y privado cuya única función sea velar por la seguridad jurídica. Es fomentar la mediación y el arbitraje. Es que la Administración sufra también sus errores, igual que el ciudadano sufre los suyos. Es ejemplaridad.

De lo contrario, mejor no hacer nada. O sí, vivir del Estado.