La necesidad de crear un Consejo Nacional de Innovación

España debe dar un salto significativo en los próximos cuatro años para situarse en una posición competitiva acorde con su economía y recursos en los rankings mundiales de innovación. Es imperativo dejar atrás los muy mejorables puestos 29 o 30 que venimos ocupando y aspirar a metas más ambiciosas acordes con nuestra economía y potencia, puesto que disponemos de las herramientas necesarias para lograrlo. Sin embargo, debemos reflexionar y adoptar estrategias que cambien nuestra trayectoria actual.

Uno de los primeros retos a afrontar, y no es menor, es dejar de ver la i de Innovación Tecnológica con minúscula y pasar a hablar de I+D+I. Eso, en primera instancia, pasa por adaptar la normativa fiscal para dotar a estos proyectos de una mayor calificación en materia de deducción fiscal, entre otras cuestiones, incrementando la deducción asociada a la misma o siguiendo la senda europea Ante los desafíos económicos y comerciales que enfrenta Europa, así como la necesidad imperante de impulsar la recuperación y el crecimiento sostenible, la Innovación Tecnológica emerge como un elemento fundamental para mantener la competitividad en el escenario global.

En materia reguladora, debemos actuar de inmediato para permitir un acceso más ágil y efectivo a las ayudas públicas que incentiven la Innovación y el desarrollo tecnológico en Europa. Por poner dos ejemplos, urge revisar la definición de "empresa en crisis" ya que la actual formulación actual no refleja adecuadamente los impactos de los recientes escollos en las compañías. Si no se modifica, muchas empresas que enfrentaron dificultades durante el período 2020-2022 podrían quedar excluidas de recibir ayudas de la UE en un momento en el que fueron seriamente afectadas. Adicionalmente, es necesario evaluar la conveniencia de eliminar el "criterio del efecto incentivador", puesto que, en su estado actual, representa una barrera significativa para la innovación dado que no se ajusta al ritmo de los desarrollos actuales.

También es fundamental establecer un marco fiscal claro, estable y asequible para fomentar la Innovación. España requiere de reformas fiscales que promuevan la inversión privada en investigación, desarrollo e innovación y, sin ir más lejos, la limitación impuesta en el Impuesto Mínimo de Sociedades a las deducciones por actividades de I+D+I es una barrera que limita e impide acometerla. Eliminar obstáculos fiscales y mejorar los incentivos para la inversión en I+D+I será el primer paso para promover la Innovación de unas empresas que están deseando crecer y aportar valor a la sociedad y, por ello, se antoja necesario incrementar las deducciones por Innovación Tecnológica, incorporando un apartado específico para Innovaciones comerciales y de organización. El aumento de la deducción por I+D al 50% y por Innovación Tecnológica al 35%, sin restricciones sectoriales, favorecerá la generación de proyectos cercanos al mercado. El efecto incentivador, lejos de suponer una palanca de aceleración de la Innovación, hace que las empresas no puedan iniciar sus proyectos hasta que no reciben la ayuda, algo que puede tardar un año en ocurrir y, en ese tiempo, es posible que esa 'innovación' quede obsoleta.

Está claro que, a la luz de los datos sobre inversión privada en I+D y otros indicadores, España mejora en términos de Innovación, pero no lo hace al ritmo necesario o requerido, y aunque los Next Generation han supuesto un trampolín histórico en términos de inversión, vemos como la base más operativa de incentivos fiscales se queda obsoleta y lejos de la realidad del tejido empresarial español. La creación de un Consejo Nacional de Innovación resulta esencial para el desarrollo y la implementación de políticas y estrategias que fomenten la Innovación en todos los sectores de la economía pensadas y adaptadas para facilitar su aplicación y aligerar la carga administrativa favoreciendo el proceso y el impacto real en la economía.

Este Consejo no solo actuaría como un órgano asesor de alto nivel, sino que también deberá asumir la responsabilidad de proponer una Ley de Innovación integral que aborde aquellos aspectos que dificultan o no dotan a la Innovación de la agilidad; elementos que he mencionado anteriormente como una regulación fundamentada en la realidad de la empresa y pensada para facilitar el proceso, el establecimiento y fomento de puentes de cooperación y gobernanza para que el ecosistema innovador genere sinergias y fomente la transferencia tecnológica, la actualización de la fiscalidad -algo que bien es sabido, nos resta competitividad- y establecer las correctas bases de aplicación de los diferentes mecanismos de financiación de la Innovación con los que cuentan las empresas para que supongan acelerar su capacidad inversora en I+D.