Opinión

Cómo afecta la transición energética a las licitaciones de transporte urbano e interurbano

    Autobús eléctrico

    Albino Pérez
    Madrid,

    El sector del transporte se encuentra inmerso en la búsqueda de nuevas soluciones de movilidad, que permitan desarrollar un modelo de transporte sostenible. Desde las administraciones públicas se lleva mucho tiempo trabajando para favorecer otras modalidades de transporte, como el car-sharing o el uso del transporte público, frente al uso individual de los vehículos. Además, la industria también está avanzando en el desarrollo de tecnologías energéticas que permitan alcanzar tal fin: desde la electrificación de los vehículos, hasta el uso de gas natural comprimido como fuente de energía.

    Este último ofrece a las empresas la oportunidad de ser neutras en carbono desde el primer momento, gracias al biometano y al gas sintético. Unos compuestos que ofrecen un gran rendimiento, ya que aportan altas autonomías, bajos tiempos de repostaje y una gran competitividad económica. Esto es debido a que la implementación de esta fuente de energía no requiere de modificaciones en el motor o en la infraestructura de repostaje.

    Desde Grupo Ruiz, llevamos muchos años trabajando en el desarrollo de esta fuente de energía, y actualmente somos uno de los operadores de transporte con mayor número de vehículos propulsados por gas natural comprimido de España. Sin embargo, los altos costes de inversión requeridos por estas nuevas tecnologías energéticas hacen que no todas las empresas puedan hacer uso de ellos, para avanzar en el proceso de transición ecológica y energética.

    Además, existen diferencias dependiendo de la región, ya que en algunas es preciso que los vehículos presten servicios de mayor recorrido, por lo que la autonomía debe ser también mayor, y no todas las tecnologías están preparadas para ello. A esto se suma la falta de infraestructuras y redes de distribución en las zonas rurales, frente a zonas metropolitanas.

    En este punto, las administraciones públicas tienen un papel fundamental. Desde estas entidades se están revisando los contratos de transporte urbano e interurbano, para incluir tecnologías sostenibles que permitan cumplir con las obligaciones de descarbonización y los objetivos de desarrollo sostenible.

    Es por ello por lo que tanto fabricantes, como empresas energéticas y operadores de transporte, debemos colaborar con las administraciones públicas, para garantizar que estas tecnologías sean accesibles para todos. Estos últimos años estamos tomando medidas para adaptarnos a las nuevas normas y regulaciones ambientales, como una mayor cualificación de los recursos humanos, formación de nuestros equipos, adaptación de las infraestructuras, y cambios en los procesos productivos.

    Pero también son importantes los incentivos gubernamentales, para la adopción de soluciones de transporte más sostenibles. Unas ayudas que tendrían que estar dirigidas tanto a los operadores, como a las propias administraciones públicas titulares de los servicios y obligadas a asumir, a través de los concesionarios, los sobrecostes derivados de la regulación dirigida a la reducción de las emisiones en la movilidad de las personas.

    Ante la actual situación en la adopción de nuevas tecnologías energéticas en el transporte urbano e interurbano, creemos que es necesario fomentar una mayor neutralidad tecnológica en los contratos de licitación. El objetivo es que sean los propios operadores los que puedan elegir libremente cuál es la tecnología que más les conviene en cada caso particular, teniendo en cuenta el tipo de servicio que preste cada vehículo, así como la viabilidad de implementar determinada solución y la madurez de cada mercado particular.