El triste podio para españa en cotizaciones

Según el último informe de la OCDE sobre fiscalidad salarial (Taxing Wages) publicado el pasado 25 de abril, en 2023 las cotizaciones sociales con cargo a la empresa crecieron en España tres décimas con respecto al año anterior, lo que viene a suponer uno de los mayores incrementos de los 38 países analizados en dicho informe. Así, mientras que en la OCDE las contribuciones sociales de los empleadores rondan de media el 13% del sueldo bruto del trabajador, en España estas se sitúan en el 23,3%, lo que nos posiciona en el sexto lugar de entre los países de esta organización en que sus compañías más pagan por este concepto, y en el cuarto dentro de la eurozona.

Para rastrear los motivos que nos han llevado a ocupar este triste podio hemos de referirnos al componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre cuyos objetivos está el asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones eliminando el déficit que padece.

En este sentido, la última reforma de pensiones, aprobada en 2023 y desarrollada por el Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo, incluye una serie de medidas destinadas a incrementar los ingresos con los que financiar el sistema, de las que varias de ellas recaen sobre las empresas con una afectación directa sobre su competitividad.

La primera de estas medidas ha sido la modificación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aprobado en 2021, que consiste en un incremento finalista de las cotizaciones sociales aplicable a todos los regímenes y a todos los supuestos en que se cotice por jubilación. En 2023, el porcentaje se fijó en el 0,60% mientras que para 2024 ha subido al 0,70% (0,12 % para el trabajador y 0,58 % para la empresa y autónomos). Este aumento crecerá un 0,1 porcentual cada año, hasta alcanzar 1,2 porcentual en 2029, permaneciendo constante hasta 2050.

Otra de las cuestiones que se ha establecido es que la base de cotización máxima se actualice anualmente en un porcentaje igual al fijado para la revalorización de las pensiones contributivas; se liga pues a la evolución del IPC en los 12 meses previos a diciembre del año anterior. Así, la base máxima de cotización aumentó un 7,92% en 2023 y un 5% en 2024. Pero, además, desde este año hasta 2050, para calcular esta base se añadirá un 1,2 porcentual. Por tanto, con una inflación del 2% en este período, el aumento real de la base máxima llegaría al 8,5% en 2030, al 22% en 2040 y al 37,1% en 2054.

Pero aún hay más. En 2025, se introducirá una cotización adicional (art. 19 bis de la LGSS) que grava la cuantía de los salarios que exceda de la base de cotización máxima. Consiste en una tarifa progresiva de 3 tramos con tipos marginales crecientes hasta el año 2045. Se establece así una cotización para la parte del salario que no cotiza por superar la base máxima. Esta será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045 (5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador).

El repunte de los costes laborales debido a estos incrementos de las cotizaciones a la Seguridad social no parece que vaya a ser de mucha ayuda para la supervivencia de muchas de nuestras empresas, en especial de las pymes, ya que a los gastos crecientes que están teniendo que afrontar por la actual coyuntura han de sumarse ahora estas nuevas cargas. Es evidente que, si desaparecen empresas, el empleo merma. En este sentido el Banco de España, en su informe anual 2023, ha señalado que un incremento de 1 pp en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%.

Pese a que en nuestro país el número de ocupados ha aumentado 2,6 millones desde que estalló el Covid y de que nuestro mercado laboral ha cerrado el mes de abril con 21 millones de empleos –si bien con cifras crecientes de contratos a tiempo parcial y de fijos discontinuos–, no deberíamos pecar de triunfalistas. No podemos olvidar que aún tenemos algo más de 2,6 millones de desempleados, lo que nos sitúa a la cabeza de los países de la UE en cuanto a cifras de paro, con una especial incidencia en nuestros jóvenes diez puntos por encima de la media europea. Tampoco podemos obviar algunos datos que parecen estar evidenciando una cierta desaceleración de nuestro mercado laboral: según la EPA, la ocupación se contrajo en 140.000 personas en los primeros meses del año y supuso el peor trimestre desde la pandemia; y, por otra parte, el número de personas en paro registrado en las oficinas del SEPE al finalizar el mes de abril se redujo en 60.503 personas con respecto al mes anterior, lo que supone el tercer peor dato en ese mes en once años.

A la vista de estos últimos datos, mucho nos tememos que los recientes incrementos –y los previstos para los próximos años– del MEI y de la base máxima de cotización podrían producir un enfriamiento de nuestro mercado laboral en el medio plazo. Indudablemente, todos apostamos por que el sistema público de pensiones sea sostenible financieramente, pero no parece que este sea el camino más adecuado. Por ello, entiendo que sería deseable ir con cuidado y hacer una reflexión muy meditada sobre las enormes cargas laborales a las que se están sometiendo a las empresas de nuestro país para intentar, por lo menos, que dichas cargas se sitúen dentro de lo razonable y dejen de ocupar los primeros puestos del triste podio de los países de la eurozona con mayores contribuciones sociales por parte de las compañías.