El Gobierno utiliza el SMI como arma electoral

Durante el mandato de Pedro Sánchez España ha realizado el mayor incremento del Salario Mínimo (SMI) en relación con la renta per cápita de la eurozona. En concreto 20 puntos desde su llegada al poder en 2018, hasta el 61% del PIB por habitante.

Este exceso del peso del SMI puede afectar a la capacidad de crear empleo de una economía (y, por tanto, de elevar el resto de salarios), y aumenta el riesgo para los trabajadores de caer en la economía sumergida. Un peligro que el Gobierno obvia al recurrir habitualmente a los incrementos del SMI como arma electoral. Además, en las tres últimas, lo ha hecho ignorando la posición de los empresarios, pese a que se trata de una medida que afecta a los negocios. No en vano, supone un encarecimiento de los ya elevados costes laborales de las empresas en España. El Gobierno tampoco ha tenido en cuenta los avisos de organismos como el Banco de España que en repetidas ocasiones ha alertado sobre los efectos negativos en el empleo, especialmente entre los jóvenes, de este tipo de subidas desligadas de la productividad. Tampoco ha valorado el impacto de la crisis del Covid en las empresas. Y mucho menos el hecho de que estas subidas comprometen la supervivencia de muchas pymes, que suponen el 99% del tejido productivo, el 65% del PIB y el 75% del empleo en España. Nada de todo lo anterior parece preocupar a un Gobierno que sólo mira por su supervivencia política, sin importale lo más mínimo que las alzas precipitadas del SMI (un 47% en 5 años) reduzcan la creación de empleo e impida incrementar los sueldos reales de las plantillas. Un claro daño a los trabajadores al que hay que sumar el desprestigio internacional que supone que el Gobierno rompa el diálogo social con las subidas del SMI.